La minería, en túnel sin salida y cada vez más profundo durante 2016
Castilla y León asume en 2016 las dificultades a las que se enfrenta la economía autonómica en un mundo globalizado dominado por grandes multinacionales y lo hace de la forma más cruda posible, con los anuncios de cierres de compañías como Lactalis (Lauki); Mondelez (Dulciora); Nutreco Iberia (Sada) y Thomson Reuters (Lex Nova), en un año negro para Valladolid. La necesidad obliga, el Gobierno regional impulsa en febrero tras la dura recesión un gran pacto de Comunidad para la industrialización con el reto de que el sector alcance el 20 por ciento del PIB y se dota desde el Diálogo Social, a través de la Fundación Anclaje, de un protocolo frente a deslocalizaciones. Los responsables de la Junta y los representantes de los trabajadores no dudan en ir a Bruselas a exigir medidas contra estas prácticas, incluso el presidente del Ejecutivo regional acude a París para entrevistarse con dirigentes de la multinacional Lactalis para evitar el desmantelamiento final. Sólo gana unos meses de tiempo.
La Junta impulsa numerosas iniciativas de dinamización económica dentro de sus políticas y como parte del Diálogo Social, como la Estrategia de Emprendimiento; el IV Plan de Internacionalización Empresarial; el II Plan de Comercio 2016-2019; la Lanzadera Financiera; y la Estrategia Integral de Empleo y Formación 2016 -2020. Incluso en mayo, el Ejecutivo regional saca adelante un plan de venta de suelo industrial con rebajas en su precio de hasta el 42 por ciento.
La Comunidad también se prepara en 2016 para el cierre definitivo de la minería del carbón en 2018 y diseña un Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020. La Central Nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, sigue en stand by a la espera de una decisión sobre las inversiones necesarias para su reactivación, aunque se insiste desde los municipios de la zona en la necesidad de un programa para dinamizar la zona.
No todos son malas noticias, Renault España logra el tercer plan industrial en paralelo a la firma del nuevo convenio colectivo y Campofrío cumple e inaugura su nueva planta en Burgos, tras arder el año pasado sus instalaciones. Iveco sostiene su futuro en Valladolid y los conflictos en Nissan prosiguen a la espera de más carga de trabajo.
Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecale viven meses de idilio después de años sin alcanzar ningún acuerdo bilateral; impulsan la Negociación Colectiva y pactan extender los conflictos laborales individuales al arbitrio del Servicio de Relaciones Laborales (Serla). Faustino Temprano sustituye el 2 de abril a Agustín Prieto al frente de UGT en Castilla y León; Ángel Hernández presenta el congreso de su sindicato para los días 2 y 3 del mes de junio de 2017, cuando dejará el cargo tras una intensa etapa de 14 años.
Cierres
Los cierres multinacionales marcan buena parte de 2016 en materia económica, con grupos de trabajadores en la calle un día si y otro también en defensa de su futuro, con Valladolid como epicentro del terremoto. El 10 de marzo, Lactalis anuncia el cierre el 30 de junio de sus instalaciones de la histórica Lauki en Valladiolid, que afectará a 85 personas junto a su posible impacto para ganaderos y transportistas. Mondelez International filtra el 31 de marzo, el cierre de la planta de Dulciora, con 185 empleados fijos y 47 temporales, para antes de finalizar 2017. Asimismo, la ciudad recibe otros dos mazazos el 3 de diciembre, cuando la multinacional holandesa agroalimentaria Nutreco Iberia anuncia un despido colectivo y el traslado a Lugo de la producción de la planta cárnica Sada de Valladolid, que cuenta con 82 trabajadores; y Thomson Reuters asegura que Lex Nova cerrará sus instalaciones antes de finales de enero de 2017.
Lauki se convierte en 'casus belli' para administraciones y sindicatos frente a la falta de compromiso de los grandes grupos multinacionales que encima se benefician de los apoyos públicos. Los sindicatos impulsan en abril un protocolo (hubiesen preferido una ley) para actuar frente a estas empresas, que asume la Junta. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declara 'non grata' a Lactalis y recalifica sus terrenos para su uso industrial lácteo; el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, viaja el 19 de mayo a la capital de Francia y se reúne con el responsable del Grupo Michel Nalet; la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, el 13 de julio; y responsables sindicales de CCOO y UGT, el 24 de mayo, viajan a Bruselas para recabar apoyos y pedir medidas para acabar con las prácticas “ilegales” de deslocalización empresarial. Los trabajadores suscriben el ERE y se arranca el compromiso de la empresa de dotarse de un periodo de cuatro meses para la venta de las instalaciones. La empresa rechaza vender a un precio por debajo de mercado y a un competidor y el 30 de septiembre empieza a desmantelar las instalaciones. El cierre se consuma pero CCOO y UGT no tiran la toalla y anuncian medidas legales por incumplimiento del acuerdo de venta por parte d ella multinacional y una campaña y un viaje a Bruselas frente a Lactalis.
Sector financiero
Por otra parte, el sector financiero prosigue su reestructuración, ahora bajo el paraguas de la innovación como argumento recurrente y son numerosas las entidades que anuncian despidos, como Ceiss, BBVA, Santander y Popular. EspañaDuero alcanza un acuerdo con la parte social el 19 de mayo, con 850 afectados, con más de la mitad prejubilados y 250 recolocados en otras empresas de Unicaja.
Minería y Garoña
Los malos tiempos para la minería no parecen terminar nunca en un año de declive total con expedientes de empleo a todos los niveles ante la ausencia de las ayudas a la compra de carbón autóctono que tira por los suelos Bruselas. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo “da por cerrados todos los posibles mecanismos” acordaron en el Plan del Carbón (2013-2018) el 5 de mayo. Incluso la liquidación de la Hullera Vasco Leonesa pone en venta 128 viviendas en Ciñera y obliga a intervenir a la Junta para garantizar los hogares a estas familias; y cuatro mineros se encierran en verano en el Pozo Aurelio del Grupo Santa Lucía para demandar el dinero necesario para el plan de cierre.
La Junta intenta dotarse de un instrumento para amortiguar el profundísimo impacto que tendrá el cierre sobre las cuencas mineras, y pone en marcha el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020, que asume una dotación inicial de 7,5 millones de euros. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, visita a finales de febrero a Bruselas en busca de apoyos para el carbón y el 7 de junio firma el 'Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras', promovido por la patronal Carbunión y los sindicatos UGT y CCOO. Todo en vano.
Europa certifica el 27 de mayo los planes españoles de conceder 2.130 millones euros para el “cierre ordenado” de 26 minas de carbón “no competitivas” y el compromiso de “recuperar cualquier ayuda concedida a explotaciones que no hayan sido cerradas” en 2018. Los representantes de los mineros denuncian que el Gobierno ha pactado unilateralmente con Bruselas el cierre total de la minería del carbón en España.
La gestión pésima del denostado ministro José Manuel Soria parece reconducirse en el último tramo del año, cuando el 13 de octubre, Juan Vicente Herrera se reúne el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos. El Gobierno se compromete una inversión pública de 150 millones de euros a través de 28 proyectos concretos para la ejecución de obras de infraestructuras y restauración ambiental de zonas degradadas a causa de la actividad extractiva. Además, el 21 de octubre, se aprueban 36,1 millones de euros destinada a compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector minero por la caída del precio del mineral de importación y para intentar hacer más competitivo el carbón nacional. El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, con la conformación del Gobierno, considera suficiente el compromiso de Guindos y se niega a convocar la Mesa del Carbón.
La Comunidad sigue luchando por el sector, y el 14 de diciembre, las Cortes regionales aprueban una iniciativa que insta a la Junta a exigir al nuevo Gobierno central la aprobación urgente del 'céntimo verde', la bonificación sobre el impuesto especial que se aplica al carbón nacional, para favorecer la competitividad del mineral autóctono frente al de importación y la generación de empleo. Además, reclaman fondos adicionales para el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León (2016-2020).
Por lo que se refiere a Garoña, la Audiencia Nacional ratifica la multa de 18,4 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a Nuclenor por cerrar Garoña en diciembre de 2012 sin autorización y antes del final del periodo de explotación de la planta, una decisión que la empresa recurrirá al Supremo.
Asimismo, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, asegura en el Congreso, el 19 de octubre, que la central “necesita” la instalación de un almacén temporal individualizado para el tratamiento y gestión del combustible gastado de la central “tanto en la condición de cese como de retorno hipotético a la operación”.
Automoción
Mejor comportamiento tiene el potentísimo sector industrial de la automoción de Castilla y León, que da la bienvenida a un nuevo plan industria, el tercero, de Renault, que llega acompañado de un nuevo convenio colectivo; y un impulso con la licitación del proyecto del parque de proveedores en Valladolid. Nissan sigue viviendo momentos de dificultades no exentas de incertidumbres durante todo el año a la espera de la consecución de más carga de trabajo e Iveco sigue apostando por su trabajo en la capital del Pisuerga.
Los sindicatos UGT, CCOO y SCP alcanzaron en la medianoche del 31 de abril un principio de acuerdo para desarrollar el tercer plan industrial de a marca del rombo en España, tras más de dos meses de negociaciones. El acuerdo contempla una vigencia de cuatro años, con inversiones por 750 millones de euros, con la exclusividad de fabricación de Mégane y Kadjar en Palencia, y un compromiso para la realización de un mínimo de 2.000 indefinidos. El plan contempla el montaje de un nuevo vehículo en Valladolid y el desarrollo de un nuevo motor, así como la puesta en marcha de una planta de inyección de aluminio, que dará trabajo a 90 personas, y cuya ubicación podría estar en el futuro parque de proveedores.
Por su parte, la multinacional Iveco, que emplea a cerca de un millar de trabajadores en la capital vallisoletana, asegura fabricará el modelo Daily en Valladolid “hasta que haya mercado” y explica que tras 17 expedientes de regulación, si todo sigue igual no tendrá que aprobar ninguno más. Además, se anuncia la producción de la nueva Daily Euro 6 desde septiembre para compensar el menor ritmo de trabajo de las cabinas de camión.
En cuanto a Nissan, los amagos de huelga por parte de los trabajadores son constantes y llevan incluso en verano al Congreso. Los empleados exigen a la empresa el cumplimiento de los compromisos y más carga de trabajo para garantizar su futuro y la Junta se ve obligada a intervenir en la mediación del conflicto. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, reconoce en noviembre la “incertidumbre” que existe a la espera de conocer el Plan Industrial de Nissan. A finales de año, el Comité de Empresa de Nissan en Ávila denuncia la paralización del NT500 en la planta, cuando solo se había fabricado 7.000 unidades, cuando había un compromiso de 100.000, lo que intensifica las incertidumbres.
Agroalimentación y farmacia
El sector agraolimentario, el más importante dentro de la industria regional, está también de enhorabueba. A mediados de noviembre, parte de los trabajadores regresan a la nueva planta de Campofrio en Burgos, un moderno complejo fabril que sustituye al calcinado hace dos años, que irá recibiendo más y más operarios hasta completar su plantilla de 620 personas.
Con todo, la desgracia de las llamas se repite en la localidad leonesa de Soto de la Vega (León), donde un incendio arrasa parte de las instalaciones de Embutidos Rodríguez el 21 de mayo. La Junta reacciona, y a principios de noviembre, el Consejo de Gobierno da luz verde a la concesión directa de una subvención de 334.000 euros para los 180 trabajadores autónomos afectados, socios de la Cooperativa Servicarne, que trabajaba para la empresa.
Otro hito empresarial importante en 2016, esta vez en el sector farmacéutico, es el anuncio el 17 de febrero, por parte del Grupo Gadea-AMRI, de una inversión de diez millones de euros en la ampliación de las tres plantas que tiene en Castilla y León, ubicadas en Boecillo (Valladolid), León y San Cristobal de Entreviñas (Zamora), con el objetivo de convertir a la Comunidad en base del desarrollo de su negocio en Europa.
Política económica
En materia de política económica, el año comienza con la puesta en marcha, el 12 de enero, de la Lanzadera Financiera, que movilizará un total 1.773 millones de euros de apoyos públicos hasta finales de 2019, que generarán 3.559 millones de inversión privada.
Además, el 8 de abril, se presenta el IV Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2016-2020, con un presupuesto de 80,8 millones de euros y que se articula en un centenar de medidas. Asimismo, el 9 de junio, la Junta prevé una financiación de 175 millones de euros para el III Plan de Comercio: Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019. Cabe destacar también que el 19 de octubre, sale a la luz la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020, con 85 medidas dotadas con un presupuesto de 603,7 millones de euros.
El Diálogo Social tiene como fecha clave el 27 de enero, cuando el Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, anuncia la II Estrategia de Empleo hasta 2020, con una dotación de 700 millones, 100 más que el compromiso inicial en su Discurso de Investidura. Durante 2016, Herrera asume que la Junta destinará 140 millones de recursos propios para políticas activas de empleo, 15,5 más que en 2015; movilizará 23,4 millones para fomento del alquiler y rehabilitación de vivienda; mejorará el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía con un esfuerzo de 14 millones; e iniciará la ampliación del trabajo del Serla hacia los conflictos individuales.
Asimismo, a finales de septiembre, se suscribe el acuerdo que permitirá al Servicio de Relaciones Laborales (Sera) iniciar la resolución de conflictos individuales en la provincia de Valladolid, para evitar su judicialización. Ya en 2017 se implantarán las nuevas funciones en todas las capitales de provincia y Ponferrada, que cuentan con Juzgados de lo Social de la Comunidad.
Por último, en materia de relaciones laborales bilaterales, es destacable el Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva Sectorial en la Comunidad, que suscriben la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) con CCOO y UGT.
