Mieres minimiza la nueva sentencia en su contra por el puerto de Pinos y Castilla y León la celebra como victoria territorial
El ayuntamiento asturiano de Mieres considera que sigue siendo el “legítimo propietario” del Puerto Pinos, un amplio terreno en la comarca leonesa de Babia adquirido hace más de un siglo, y ha anunciado que seguirá defendiendo “sus derechos” con responsabilidad y lealtad a los intereses del municipio asturiano, porque la expropiación “no tiene pies, ni cabeza”.
Con estas palabras, el consistorio mierense muestra su discrepancia con la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, por la que abre por primera vez la puerta a una expropiación de los terrenos que el Ayuntamiento mierense compró en Babia en 1926, así como el inicio de un procedimiento penal contra este Consistorio asturiano para que vuelvan a pertenecer al ayuntamiento leonés de San Emiliano.
En la vertiente contraria, el Gobierno autonómico de la Junta ha celebrado esa sentencia como “una buena noticia para Castilla y León” que “se corresponde con nuestros intereses, los de la provincia de León y toda la zona afectada”, incluidos los ganaderos de los cuatro pueblos que mantienen derechos históricos de pasto en un puerto que es en realidad propiedad de Mieres.
Fue el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, quien mostró esa satisfacción, interpretando que con la sentencia se garantiza “la soberanía de nuestra comunidad autónoma”, la cual dijo que la Junta “protegerá” pero por vías que de momento han de ser estudiadas, dejando claro que como todos estos años de atrás no se decantan todavía por expropiar a Mieres los terrenos. “Veremos las alternativas, esa no es la única”, afirmó en rueda de prensa.
Mieres ve una “estrategia de sobreactuación”
La reacción oficial del concejo de Mieres ante la resolución del alto tribunal de Castilla y León ha sido a través de un comunicado oficial en el que asegura que “es evidente que estamos ante una estrategia de sobreactuación exagerada para intentar justificar una medida absolutamente excepcional que no tiene sentido en este caso”, en referencia a la expropiación.
Para el consistorio mierense, se ha creado una polémica artificial: “Algunos quieren hacer una montaña de un grano de arena: buscan generar polémica de forma continua para intentar provocar una excepcionalidad que no existe”. Y recuerdan que la sentencia del 5 de febrero anula un acto administrativo del Ayuntamiento de San Emiliano mediante el que concedió, en 2023, licencia para celebrar la fiesta asturiana en el Puerto Pinos. “Es decir -matiza- para llevar a cabo una comida de confraternización y una misa; una celebración sencilla y nada multitudinaria que se mantiene desde hace mucho tiempo y para que la que el Ayuntamiento de Mieres solicita las preceptivas autorizaciones al Ayuntamiento de San Emiliano”. Claro que entonces había una mejor relación.
La autorización para la fiesta
Los años anteriores, salvo el periodo de pandemia, San Emiliano siempre había autorizado esta fiesta y, por ello, muestra su asombro por el hecho de que sea la primera vez que un tribunal considera que San Emiliano no tiene competencias para hacerlo. “El TSJ de Castilla y León considera que quien debe autorizar es la Junta de Castilla y León y no el Ayuntamiento de San Emiliano. Éste es el contenido sustantivo y relevante de la sentencia”, añade. E insisten en que se trata de una “ceremonia de la confusión” con declaraciones que “solo buscan provocar una polémica inexistente, puesto que el Ayuntamiento de Mieres no regula ni presta servicios públicos en Puerto Pinos desde hace muchos años”.
El Ayuntamiento de Mieres destaca que siempre ha respetado las sentencias judiciales, actuando “de buena fe y con responsabilidad”. Pero, a pesar de la sentencia, sigue reafirmando que es el legítimo propietario de Puerto Pinos y ha defendido siempre sus derechos e intereses en el marco del Estado de Derecho y así lo seguirá haciendo en el futuro, “con responsabilidad y lealtad a los intereses del municipio”. “Con esa misma responsabilidad seguirá buscando soluciones para garantizar la actividad de los ganaderos y ganaderas del concejo en el futuro porque, conviene recordarlo, no existe sentencia judicial que les prohíba la utilización de los pastos”, concluye.
Sin compromiso de ninguna reunión
Por su parte, el portavoz del Gobierno del Partido Popular Castilla y León, también adujo que “siempre hemos apoyado a los ganaderos” de los cuatro pueblos babianos, leoneses, que mantienen una tensa relación con los mierenses en cuanto llega el tiempo de subir a pastar sus reses en los ricos pastos del puerto.
Sin embargo, Carriedo no se manifestó sobre si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, admitirá la petición de reunirse con los impulsores de las denuncias contra Mieres, tanto los pueblos como la Federación de Entidades Locales Menores de León, y la Asociación Montaña de Babia y Luna, que llevan años exigiendo una solución que pasaría, para ellos, inexorablemente por la expropiación. Tanto es así que han amenazado al Gobierno autonómico por presionar por la vía penal a la propia Junta si no da pasos en este sentido, algo que ayer volvieron a repetir en una rueda de prensa al anunciar que pondrán el caso en manos de la Fiscalía. A pesar de eso, el portavoz de la Junta ha evitado detallar cuál será su iniciativa y participación en este conflicto, dejándolo en “explorar todas las vías”.
