Babia amenaza penalmente a la Junta si no expropia el puerto de Pinos a Mieres tras zanjar la ilegalidad el TSJ de Asturias
El Ayuntamiento de San Emiliano y sus pueblos en el puerto de Pinos, en la comarca leonesa de Babia, amenazan ya de manera directa a la Junta de Castilla y León con iniciar acciones judiciales, administrativas y hasta penales por prevaricación, si no se pone en marcha de manera la aprobación de un Proyecto Regional para la zona e impulsar el proceso que permita expropiar al concejo asturiano de Mieres las 1.000 hectáreas de las que es propietaria desde hace casi un siglo.
Este ultimátum ha sido lanzado por el Consistorio, las pedanías de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, la Federación de Entidades Locales Menores de León y la Asociación Montaña de Babia y Luna. Y ocurre a pocos días de conocerse que también la Justicia asturiana les da la razón y declara “ilegal” que Mieres ejerza sus competencias municipales en suelo leonés, es decir, de otra comunidad autónoma, como lleva casi cien años haciendo en beneficio exclusivo de los ganaderos mierenses y hurtando los derechos históricos de los pueblos y los ganaderos de Babia.
La novedad es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que desestima de manera definitiva el recurso presentado por el Ayuntamiento de Mieres, asociaciones ganaderas y particulares ante la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso número 1 de Oviedo, que declaró ilegal el desarrollo de las competencias ganaderas de éstos dentro de la provincia de León, en Babia. Se trata de idéntico pronunciamiento contrario a Mieres y favorable a Babia, que otro en su día del TSJ de Castilla y León, ratificado incluso por el Supremo.
“Un punto de inflexión”
Para el abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, Carlos González-Antón, la nueva sentencia “supone un punto de inflexión” al declarar que “un Ayuntamiento asturiano no puede prestar competencias a sus ganaderos dentro de Castilla y León”, al tiempo que “refleja que la Junta de Castilla y León y sus órganos competentes en la materia no están ejerciendo la defensa de sus competencias, ni de la ganadería y las entidades locales”.
Por este motivo, el letrado consideró que, mientras que “las entidades locales están defendiendo solos la economía de León y la montaña leonesa desde 2006”, la resolución “tiene que ser política” para “impedir que Mieres siga teniendo propiedades dentro de Castilla y León que usa para el desarrollo de la economía asturiana de forma ilegal y además a sabiendas de ello”, aunque “hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida por parte de las administraciones territoriales autonómicas”.
Posible prevaricación por omisión
Así, instó a la Junta de Castilla y León a “cumplir lo que prometió en 2006” y “aprobar un Proyecto Regional que incorpore la capacidad de expropiar estos terrenos para eliminar la presencia de Mieres en el Puerto de Pinos”. En caso de que el Gobierno autonómico “no ejercite sus competencias a corto plazo”, González-Antón advirtió que “se ejercerán acciones judiciales”, que podrían conllevar, por ejemplo, “un delito de prevaricación por omisión”.
El paso previo anunciado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello, será aprobar en un Pleno inminente, al que acudirán las cuatro juntas vecinales afectadas, para exigir una reunión urgente con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y es que González-Antón como Marcello insistieron en que, muy claro ya el panorama judicial, ahora debe producirse ya “una solución política” al conflicto. Porque en caso contrario se denunciará ante los juzgados a la Junta.
En este sentido, el alcalde de San Emiliano, David Marcello, depositó su confianza en que “todas las administraciones autonómicas y provinciales se pongan de acuerdo para intentar dar carpetazo a este proceso que va a cumplir cien años, ya que los terrenos fueron comprados por parte de Mieres en 1926, y que, ”aunque sea difícil de comprender, “es un tema de competencias de un municipio en otra Comunidad Autónoma”, mientras que “la falta de unión de las administraciones de este lado ha provocado la dificultad y falta de visión de ciertas administraciones a la hora de encarar el problema”.
Para el abogado, la única forma de resolver el conflicto es “expropiando la titularidad” de los terrenos, de forma que las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Presidencia “deben decirle a Mieres que no puede seguir arrendando los terrenos y, si sigue haciéndolo, declarar ese conflicto competencia y promover la anulación de todo contrato que realice”.
Por su parte, el ganadero y alcalde pedáneo de Pinos, Leandro Hidalgo, quiso dejar claro que la sentencia del TSJ de Asturias “apoya lo mismo que hicieron los anteriores”, por lo que le solicitó a la Junta de Castilla y León que “la lleve a la práctica e inicie la expropiación” y que, mientras eso ocurre, “prohíba la subida de los ganaderos asturianos en la campaña 2025”, que normalmente comienza el 1 de junio, para lo que el Gobierno autonómico “es quien le tiene que dar las guías, al ser la única que tiene las competencias”.
Casi un siglo de historia
El Ayuntamiento de Mieres puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero el abogado Carlos González-Antón se mostró convencido de que “será inadmitido”, ya que esta “está perfectamente argumentada en esfuerzo claro de justificación y no dejar ningún resquicio a que se siga desarrollando la actividad”.
Un conflicto que proviene de cuando en 1926 el concejo asturiano compró casi mil hectáreas, donde los ganaderos mierenses envían a pastar cada año unas 1.500 reses, creando un constante conflicto con los ganaderos de León, que tienen derechos históricos adquiridos jamás puestos en duda. Por eso, ahora los pueblos reclaman decidir ya que se impida a las reses asturianas volver a subir, aclarando que es la Junta quien se lo permite al entregarles las guías.
