Los menores infractores cumplieron 2.222 medidas judiciales en Castilla y León en 2013

Los jóvenes infractores cumplieron el año pasado un total de 2.222 medidas judiciales en Castilla y León mediante programas de atención y reinserción dictados por los juzgados de Menores y que tienen como objetivo resocializar a los chavales que han cometido algún delito o falta. La cifra es inferior a la registrada en 2012 cuando la Fiscalía contabilizó 2.450 medidas ejecutadas, lo que supone una tendencia a la baja en los últimos ejercicios después de alcanzar el punto más alto en 2010 (2.854) y situarse en niveles similares a 2008 cuando hubo 2.293.

La mayor parte de las medidas (1.959) en la Comunidad correspondió a las denominadas unidades de intervención educativa, cuyo cumplimiento se realiza en medio abierto, mientras que el resto (263) se articuló a través de los centros de internamiento como el Zambrana, de referencia a nivel regional, y Los Manzanos, ambos en Valladolid.

El grueso de acciones dictadas por los juzgados de Menores en 2012 supuso la libertad vigilada (34 por ciento), seguido de las prestaciones en beneficio de la comunidad (23 por ciento) y la realización de tareas socioeducativas (11 por ciento). En todos los casos, son medidas impuestas por la administración de Justicia aunque el cumplimiento corresponde a las comunidades autónomas. En este caso, la Junta de Castilla y León es la competente.

El coordinador de las fiscalías de menores de Castilla y León y responsable en León, Avelino Fierro, asegura que las infracciones más usuales en la Comunidad son similares a las del resto del país, con un predominio de los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, daños) y contra la integridad física. Eso sí, advierte del aumento proporcional, en los últimos años, de los casos relacionados con la violencia intrafamiliar y los cometidos a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Recuerda que la memoria de 2005 de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de la “eclosión” de los casos de adolescentes maltratadores, ya que supuso que “lo que antes quedaba en el seno de la familia salió de ella y los padres comenzaron a buscar apoyo fuera”. Son casos, explica, de menores con componentes de hiperactividad, despotismo y trastorno disocial, entre otras, que hacen que los padres angustiados, no precisamente de familias marginales, o profesores deprimidos busquen auxilio en las fiscalías de Menores.

El fiscal considera que la “otra cara del asunto” es, en ocasiones, la falta de habilidades y la poca cintura de los progenitores, necesitados de una “escuela de padres”. Tampoco ayudan los malos ejemplos de los mayores, la ausencia de patrones de conducta, la cultura no moderadora, la falta de control de los grupos primarios ni los medios de comunicación.

A su juicio, la sociedad ha desterrado la cultura del trabajo y del esfuerzo. En todo caso, advierte que es un asunto “complicado y delicado” porque hay padres que han aguantado más de lo recomendable confiando en que, quizás, podrían solucionar sin ayuda esa convivencia familiar “para no poner en cuestión su tarea educativa o admitir su fracaso como padres”.

La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece un marco normativo estatal que contempla una serie de medidas a los jóvenes. La gran división estriba si los menores deben estar internados en centros o en régimen abierto de total libertad. A la hora de cumplir las medidas privativas de libertad, todas las comunidades autónomas tienen que disponer de medios materiales y humanos, en función de las decisiones de los jueces. Y uno de esos medios en Castilla y León es el Centro Regional de Menores Zambrana, una instalación para cumplir las medidas de internamiento más estrictas.

La región ya contaba con el Centro de Menores del Zambrana aunque con la aprobación de la ley fue necesaria su adaptación, como por ejemplo contar con más plazas y convertirlo en referencia de la Comunidad. Desde el primer momento, la Junta optó por el modelo de gestión mixta ya que la dirección y el equipo técnico es propio y depende de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, además del área educativa que también es personal público, mientras que otras tareas de apoyo, vigilancia y mantenimiento corresponden a una empresa privada, gracias a un contrato.

Un solo centro

Después de 14 años de funcionamiento, el director técnico de Atención a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales, Pablo Rodríguez, declara que el Zambrana se ha convertido en un centro de referencia, que recibe visitas de responsables de programas de menores, tanto a nivel nacional como del exterior. Ya no queda nada del aquel 'reformatorio' que han oído hablar las personas mayores en los años 60. “Siempre hay estigmatizaciones de aquellos que conocieron el Zambrana en otras épocas pero, afortunadamente, la sociedad ha evolucionado y ya no hay esos términos peyorativos”, reconoce.

Avelino Fierro recuerda que uno de los principios inspiradores de la Ley del Menor es el del cumplimiento de las medidas en el propio territorio pero, en la actualidad, una Comunidad tan extensa como Castilla y León solo dispone de un centro de internamiento. Y eso que este fiscal declara que León cuenta con un centro acabado, de medio centenar de plazas, desde hace año y que no está en funcionamiento. “No se sabe nada sobre esta instalación porque hay un secretismo absurdo”, asevera.

La falta de presupuesto puede estar detrás de la falta de uso pero Fierro afirma, tal y como escribió en un artículo de 2002 que está hoy de plena actualidad, que “la administración no ha entendido que la inversión en menores produce grandes rentas en el futuro para toda la sociedad”.

Unidades de intervención educativa

El Zambrana de Valladolid es un recurso más de un amplio abanico de servicios del Programa de Atención y Reinserción de Menores Infractores que diseña la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, cada provincia cuenta con una sección que son las unidades de intervención educativa, donde se ejecutan la mayor parte de las medidas para los jóvenes infractores, gracias a los convenios suscritos entre la Junta y otras entidades.

Cada unidad de intervención lleva aparejada un programa individualizado que incluye la propuesta al juez para cumplir la medida impuesta. Hay actividades orientadas por el equipo del Juzgado de Menores y otras que diseña la propia Gerencia regional de Servicios Sociales para lograr una reeducación y cambiar conductas. De ahí, la necesidad de que el Zambrana cuente con un equipo multidisciplinar para realizar una valoración social, personal y jurídica del menor.

Algo que coincide con las palabras del fiscal de León al precisar que el artículo 55 de la ley dispone que toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad.

Junto al Zambrana está una instalación intermedia que es el centro Los Manzanos que acoge la convivencia en grupo educativo, con 24 plazas, para menores que han cometido agresiones, lesiones o proferido amenazas a sus padres y el juez les impone un alejamiento de la familia para corregir esa conductas. Aquí, no hay un régimen de privación de libertad por el tipo de comportamiento.

Fierro advierte que el recurso de la convivencia con grupo educativo es “insuficiente” al asegurar que “faltan plazas y la administración no hace nada por solventarlo”. Pone el ejemplo de la Fiscalía de León que ha tenido casi un mes a tres muchachos pendientes de ingreso en un centro de este tipo. Una situación que le lleva a reflexionar de que “hasta que no pase algo grave y el asunto salga en la prensa parece que los políticos no se dan por enterados, que parece que buscan soluciones a golpe de caso mediático”.

En un tercer nivel, están las medidas socioeducativas impuestas por el juez en medio abierto por un delito leve como la libertad vigilada y prestaciones en beneficio de la comunidad, coordinadas por las Unidades de Intervención Educativa de la Junta y desarrolladas con programas que llevan a cabo asociaciones y ayuntamientos.

Edad penal

El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de León considera que la actual Ley del Menor es eficaz, al contar con instrumentos adecuados que van desde las medidas educativas a las sancionadoras o restrictivas, en función de la gravedad de la falta o el delito y de la reincidencia. En todo caso, es partidario de rebajar la edad penal, por ejemplo a los 12 años, en casos excepcionales de extrema gravedad.

Una afirmación que, precisa, no debe traer consigo un endurecimiento de las medidas de internamiento, entre otros motivos porque la actual ley permite una flexibilización y adaptar la sanción a la infracción pero también a las circunstancias del menor. Además, recuerda que la privación de libertad para una menor puede alcanzar los 10 años, un tiempo –dice- desconocido por la sociedad e incluso por el legislador.

Preguntado por si las sanciones impuestas por los jueces de Menores son proporcionales a la gravedad del delito, Avelino Fierro insiste que el magistrado no puede imponer medidas más graves que las solicitadas por las acusaciones y que las sanciones en jóvenes no pueden ser más duras que las penas de mayores. En todo caso, la reeducación debe estar presente en cada una de las medidas o sanciones de la ley: “No todo debe ser intimidatorio porque el menor tiene que percibir las consecuencias indeseables de su conducta y el sistema judicial busca fomentar en el joven el autocontrol, el razonamiento abstracto, la autoestima, la empatía, el respeto a las reglas y las convenciones sociales”.

Además, Fierro es partidario de las soluciones extrajudiciales como los trabajos en beneficio de la comunidad porque afirma que los principios de oportunidad y de intervención mínima son “fundamentales”. Tanto que se confiesa un “obseso” de la rapidez de la intervención con menores porque “una justicia lenta no tiene aquí sentido y es ineficaz”.