Los menores extranjeros no acompañados atendidos por la Junta se duplican en el último año

Refugiados.

J.B.I./ ICAL

La cifra de menores extranjeros no acompañados, conocidos como 'menas', que fueron atendidos en Castilla y León en 2018, deparó un incremento de un 87 por ciento hasta los 133 frente a los 71 llegados un año antes, según los datos aportados por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Junta. El repunte se produjo en consonancia con el del resto del país tras acceder por distintas vías, sobre todo pateras y embarcaciones en la costa en general andaluza y también a través de Ceuta y Melilla, desde donde se desplazan y reparten entre distintas comunidades.

Existe también un componente de retorno de Europa de menores inmigrantes llegados sin compañía de adultos y que acuden sobre todo a Cataluña y País Vasco. Cuando ambas se saturan se desplazan a otras comunidades y Castilla y León es una de ellas con un dispositivo de primera acogida. “En algunas provincias los centros son propios y en otras concertados y donde más ocupación había al finalizar 2018 era en Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid, zonas de tránsito habitual”, señala a Ical Pablo Rodríguez Hoyos, director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta.

En 2015, el número de 'menas' fue de 44; en 2016 alcanzó los 65; en 2017 ascendió a 71 y durante 2018 la cifra se situó en 133. Una buena parte de ellos procedían de Marruecos -dada su cercanía a la península- en concreto 82, junto a los llegados de países subsaharianos como la República de Ghana (15); Guinea Conakry (11); Mali (6); o Costa de Marfil (4). En el caso de los acogidos el último año, un 97 por ciento son hombres (129) y solamente un tres por ciento mujeres (4).

La franja de edad de los menores extranjeros no acompañados atendidos por la Junta pone de manifiesto que 12 de ellos tienen entre 13 y 14 años; 35 entre 15 y 16 años; y 86 entre 17 y 18 años. Mientras en los años 2015, 2016 y 2017 la duración de la estancia en los centros temporales de acogida era de menos de una semana, el pasado año se prolongó entre uno y tres meses. Por ello, a lo largo de 2019 se han puesto en funcionamiento cuatro nuevos centros específicos con 40 plazas, para atender el incremento de 'menas' habido durante los últimos meses.

“Son inmigrantes económicos y tras pisar territorio español en muchos casos traídos por mafias van de un sitio a otro. Acaban llegando aquí por sus propios medios como un lugar de paso para, tras una corta estancia, deambular por otros países que consideran más atractivos, con más ayudas o donde tienen parientes. Utilizan sobre todo el corredor Mediterráneo para seguir hacia arriba pasando por Madrid y buscar el País Vasco y la frontera con Francia”, concreta Rodríguez Hoyos.

Además, señala que sin ser Castilla y León una comunidad receptora, últimamente ha habido un incremento notable y mientras los menores no acompañados permanecen acogidos se les atiende con los recursos existentes. Luego, cuando son mayores de edad, pasan a depender de entidades sociales, normalmente a través de convenios con Accem, organización no gubernamental de ámbito nacional que apoya a inmigrantes y refugiados en la Comunidad.

Integrarles si hay voluntariedad

“Si durante la estancia se llegara a conseguir una mayor integración -siempre que no quieran solo un alojamiento y que sufragues sus necesidades básicas para irse a otras comunidades o países como hasta hace poco- el trabajo desde la Junta es más fácil”, agrega, al tiempo que señala que está cambiando el perfil de los 'menas'.

“Algunos ya se quedan meses, por lo que la primera actuación si ellos tienen voluntariedad, pasa por documentarles y obtener los permisos oportunos de residencia, saber su edad real y prepararles para ser perceptores de unas rentas mínimas. También enseñarles la lengua que es el principal obstáculo y buscarles alternativas para estudiar o trabajar y así lograr una vida independiente”, asevera el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta.

En este sentido, Rodríguez Hoyos explica que el pasado año el Estado ofreció apoyo económico para sufragar plazas después del verano, dada la presión que tenía sobre todo Andalucía, en función del número de menores acogidos que procedían de otras comunidades con un montante global de 40 millones de euros. “Nosotros fuimos de los que más plazas ofrecimos, con 40 a mayores de las que ya teníamos, pero el dinero solo llegó para apenas medio año. Por ello demandamos una política estable y adecuada a la demanda actual de cara a la atención de estos chicos, no solo con una ayuda puntual y sin ningún criterio”, indica.

A las comunidades autónomas les preocupa por ello el papel del Estado -especialmente en los acuerdos y medidas que debe tomar Marruecos al proceder sobre todo los 'menas' de ese país- ya que últimamente se ha dejado en manos de las autonomías la atención de estos menores. “El carácter social es prioritario y siempre se les presta ayuda cuando llegan, pero el problema es de inmigración al venir de forma ilegal y sin papeles, documentación y otros requisitos para poder apoyar su integración”, expone.

Por ello desde Castilla y León se demanda una política estatal clara y estable en el tiempo, ya que la determinación de la edad corresponde al Ministerio de Interior y cuando estos menores cumplen 18 años y siempre que cuenten con los permisos de residencia oportunos su integración será más adecuada. Al respecto recuerda que entre 2004 y 2010 llegaron 'menas' de forma masiva a través de Canarias en los conocidos como 'cayucos' y se estableció un reparto solidario entre las comunidades autónomas. “En aquel momento estos inmigrantes no podían salir de las islas y al estar esa comunidad desbordada se aportaron apoyos económicos suficientes a la autonomías receptoras para su atención”, concluye Rodríguez Hoyos.

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