Mañueco le quita a Fernández Carriedo el reto demográfico para dárselo a Igea
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha retocado la estructura orgánica de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y de Empleo e Industria con un decreto debatido en el Consejo de Gobierno de este jueves y que publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De esta manera, el presidente ha quitado las políticas del reto demográfico a la segunda para dárselas a la primera.
El texto recoge dentro del ámbito competencial de Transparencia el impulso y coordinación de la Agenda para la Población y de las políticas relativas al reto demográfico, así como “cualquier otra que se le atribuya, delegue o encomiende”. Además, se encargará del diseño, en colaboración con los órganos competentes de las distintas consejerías, de objetivos, estrategias, planes e indicadores en materia de dinamización demográfica.
Asimismo, la consejería del vicepresidente Francisco Igea asume el impulso y coordinación de medidas y actuaciones que en materia de dinamización demográfica aunque se realicen por los distintos órganos de la Administración de la Comunidad. También, se encargará de la elaboración de estudios y análisis sobre la dinamización demográfica y el fomento de la colaboración con las entidades públicas y privadas implicadas.
En relación a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, se contempla ahora favorecer la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los planes y programas, basados en la búsqueda de la excelencia y planificar y apoyar iniciativas de innovación para la implementación de nuevas técnicas e instrumentos de gestión tendentes a la mejora de la eficiencia y eficacia, así como fomentar los valores de participación ciudadana e impulsar un sistema de participación en la gestión pública.
Finalmente, se autoriza al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para efectuar o, en su caso, proponer a la Junta de Castilla y León las transferencias o habilitaciones de créditos necesarios a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto.
