Un juzgado autoriza confinar por Covid-19 a diez familias en Valladolid hasta el 24 de julio
El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valladolid ha estimado la petición de la Junta de Castilla y León y ha ratificado íntegramente las diez Órdenes de la Consejería de Sanidad dictadas el 14 de Julio por las que se acuerda el aislamiento sobre diez viviendas del barrio de Delicias de la capital afectadas por un brote de coronavirus para evitar la propagación del virus y garantizar la salud de la población.
La Junta realizó esta petición tras comprobar que los afectados por el rebrote, que alcanza ya los 23 positivos y más de cuarenta personas en aislamiento, no estaban cumpliendo con las medidas para preservar la salud pública. Se trata, fundamentalmente de trabajadores temporeros que se desplazaban a Cuéllar (Segovia) y sus familias.
Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los rastreadores de los centros de salud de delicias I y II que llevan el seguimiento de los infectados y sus contactos detectaron que algunos positivos y algunos contactos “no estaban realizando bien el aislamiento y la cuarentena”. En el informe remitido al juzgado destacan que se trata de un colectivo numeroso “con costumbres socioculturales diferentes y con problemas de comunicación” ya que algunos “no entienden el español”.
Confinados hasta que no haya coronavirus
La jueza ha acordado este viernes la cuarentena domiciliaria de los ocupantes de las diez viviendas afectadas hasta el 24 de julio, pudiendo prorrogarse esta medida en función del resultado de las pruebas que se practiquen, es decir, hasta que los casos confirmados dejen de ser positivos en Covid-19.
La magistrada, igualmente, acuerda ratificar las medidas de restricción de las visitas a tales domicilios, durante ese mismo periodo, a lo estrictamente necesario para la atención de las personas integrantes de la unidad domiciliaria a que se refiere cada una de las órdenes. En el caso de hubiese que prorrogar las restricciones, como consecuencia de los resultados de las pruebas que se les practiquen a las personas sometidas a control sanitario, la Junta habrá de comunicarlo de forma inmediata al Juzgado para que decida sobre la continuidad de las medidas.
Las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León y sometidas a ratificación judicial, son, según la magistrada “proporcionadas atendiendo al espacio territorial al que afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de esa aplicación”.
En la resolución la jueza considera que “a la vista del informe que se acompaña a la solicitud, examinados los informes complementarios presentados a requerimiento de esta Juzgado, y teniendo en cuenta lo informado por la Fiscalía, se hace necesario y es proporcional ratificar las medidas acordadas, al no existir otra alternativa que afecte menos al derecho fundamental”.
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