Un juzgado anula las licencias de Mieres en el puerto de Pinos de Babia

puerto de pinos portada

ICAL/ILEÓN

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León emitió una sentencia que anula las decisiones que permitieron la apertura de la llamada Casa Mieres en el Puerto de Pinos y que tomaron tanto al concejo asturiano como a la Junta y al leonés de San Emiliano de Babia.

El fallo determina que un ayuntamiento asturiano no puede desplegar actividades comerciales ni de servicio público fuera de su territorio, “que es lo que ha hecho Mieres”, según destaca el abogado Carlos González Antón, quien representa a la Asociación Montaña de Babia y Luna, promotores de la demanda. “Ahora mismo, la actividad del Ayuntamiento de Mieres desplegada en Castilla y León es absolutamente ilegal”, señala y espera que esta sentencia tenga efectos en el conflicto que mantienen ganaderos asturianos y leoneses, quienes niegan la autoridad del Principado de Asturias en ese puerto, ya que se encuentra en territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León -en el municipio de San Emiliano de Babia-.

La sentencia señala que la titularidad patrimonial no autoriza el ejercicio de competencias administrativas fuera del término municipal y recoge como extralimitaciones: la aprobación de un reglamento municipal sobre el uso del Puerto de Pinos; la inclusión en el inventario municipal de Mieres, como bienes de servicio público, de una parte del territorio de Castilla y León; el otorgamiento de una concesión de servicio público sobre inmuebles situados en Castilla y León; o la actuación de funcionarios de dicho ayuntamiento en territorio de Castilla y León, añadiendo que “el ayuntamiento de Mieres carece de competencia alguna sobre ganadería y en ningún caso podría ejercerla fuera de su término municipal”.

El Ayuntamiento de Mieres compró los montes hace más de 90 años, con la condición de garantizar los derechos de los ganaderos leoneses y ya entonces comenzaron los primeros conflictos, al acusar éstos a los asturianos de colonizar el terreno, unas 900 hectáreas, mientras en el Principado denuncian un uso abusivo de los pastos. Los afectados en León reclaman a las administraciones un cambio de titularidad.

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