La Justicia europea rechaza, en primer término, que la banca devuelva todo el dinero de las cláusulas suelo

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Paolo Mengozzi, rechaza la retroactividad de las cláusulas suelo de las hipotecas españolas, con lo que, de aceptarse su criterio, las entidades financieras no tendrán que devolver este dinero a los clientes. Hasta el momento, los tribunales nacionales en España habían dictado que las cláusulas suelo ilegales, aquellas que fueron mal comercializadas a los clientes, tenían que devolverse desde el mes de mayo del año 2013.

Así, la banca se 'libraría' de tener que hacer frente a un importante pago de intereses a los clientes que contrataron estos productos y que podría haberse ampliado desde el mes de noviembre de 2009. De este modo, el abogado general del tribunal ha dado a conocer las conclusiones, si bien la sentencia definitiva se conocerá dentro de unos meses. “Las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron estas cláusulas justifican en particular esta limitación”, indica.

“La directiva no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual y, por lo tanto, no exige a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula”, apunta el abogado, cuyos planteamientos son respaldados en un 90 por ciento de los casos por el tribunal.

En este sentido, explican que en España muchos particulares han iniciado procesos judiciales contra entidades financieras solicitando que se declarara que las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores eran abusivas y que, en consecuencia, no vinculaban a los consumidores.

No obstante, las cláusulas en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral (o suelo) fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral y sin que le resulte aplicable un tipo inferior al mismo.

“En estas circunstancias, el abogado general propone al Tribunal de Justicia que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la directiva”, sentencian.

Por ello, el abogado general considera que, a título de excepción, “las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional”.

El pasado 24 de abril comenzó en Luxemburgo la vista del citado tribunal que debía decidir sobre esta cuestión y que contó con la intervención de representantes de la banca. Pese a que no se ha ofrecido una cifra oficial, el impacto global sobre los bancos españoles podría haberse situado entre los 5.000 y los 7.500 millones de euros.

5.000 reclamaciones en León

El responsable de la firma de abogados Robher Asesores, Pablo Roberto, ha valorado esta resolución como “inesperada” y ha precisado que aunque esta primera valoración por parte de la Justicia europea no es firme y no hay, por el momento, “resolución final” lo más probable es que la sentencia que se conocerá en el plazo aproximado de un mes siga esta misma tesis. De esta forma, la responsabilidad final recae en los máximos órganos judiciales de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, en el caso de España en el Tribunal Supremo.

A este mismo respecto, ha indicado que la resolución prima los intereses de los bancos por encima de los de los clientes y ofrece esta respuesta porque tiene en cuenta el posible riesgo que podría suponer para el sistema financiero de un país que los bancos tuvieran que hacer frente a abonar importantes cantidades de dinero a los clientes que contrataron estos productos.

En el caso de la provincia de León, explica Pablo, se han interpuesto alrededor de 5.000 reclamaciones contra las cláusulas suelo y es poco probable que esta cifra aumente de forma considerable ya que las personas afectadas ya han tomado la decisión de interponer una reclamación. Aunque reconoce que es cierto que muchos clientes se mantenían expectantes para conocer la respuesta de Europa en relación a este asunto y la mayoría de las reclamaciones judiciales interpuestas en España se encuentran “suspendidas” hasta conocer la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.