La Junta repetirá la polémica oposición de personal de servicios a la que se presentaron 18.889 personas

Foto de archivo de otras oposiciones en Castilla y León, en este caso de Secundaria. / Rubén Cacho / ICAL

La Consejería de la Presidencia ha resuelto los recursos presentados contra la oposición de personal de servicios celebrada el pasado 3 de junio y a la que se matricularon 18.889 personas para las 384 plazas convocadas. La consejería competente en materia de Función Pública establece que debe repetirse el examen porque en la parte del test que debía incluir preguntas prácticas constaba de un 30% de preguntas teóricas, algo que obligó a paralizar el proceso.

En el mes de enero de este año se habían convocado 384 plazas para personal de servicios, destinadas fundamentalmente a trabajar en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad y en los centros educativos de la Administración autonómica. Para acceder a esas 384 plazas se matricularon 18.889 personas, 49 opositores por plaza. El examen, que consistía en un test de 80 preguntas, se celebró el 3 de junio.

En los cinco días siguientes se levantó una gran polémica y hubo numerosas alegaciones, dado que las preguntas del examen no se ajustaban a los temas incluidos en la convocatoria o algunas preguntas no estaban bien formuladas. El tribunal calificador, “compuesto íntegramente por empleados públicos”, remarca ahora la Junta, examinó las quejas y en cada caso anuló la pregunta correspondiente, publicando la plantilla definitiva.

Sin embargo, contra esa publicación se formularon 181 recursos administrativos. La Consejería de la Presidencia acordó entonces la suspensión del procedimiento, con lo que se interrumpió el plazo de ocho meses que el tribunal tiene para resolver la convocatoria.

Los motivos de la polémica

El tribunal calificador en este tiempo no ha corregido los exámenes, que permanecen en sobres cerrados y precintados. Los recurrentes y todos aquellos que han planteado alegaciones durante el proceso -un total de 457-, se han centrado básicamente en dos cuestiones: falta de concordancia entre el contenido del examen con las tareas propias del personal de servicios más el grado de dificultad y vulneración de las bases de la convocatoria al incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen.

La resolución que la Junta adopta ahora destaca que todas y cada una de las preguntas del examen estaban incluidas en los 12 temas de la convocatoria. Aunque admite que “efectivamente, el nivel de dificultad fuera alto, porque había que seleccionar entre más de casi 19.000 personas para 384 plazas”.

Sobre las alegaciones relativas a que se vulneraron las bases de la convocatoria, por incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen, la convocatoria indica que el test debe tener 80 preguntas divididas en dos partes, teórica y práctica, dando prevalencia a la parte práctica ya que es eliminatoria frente a la teórica, que no lo es.

y en esto la Junta sí admite que el examen “no ha respetado la convocatoria”, porque entre las 40 preguntas de la parte práctica hay al menos 13, más del 30 %, que en lugar de versar sobre cuestiones prácticas preguntan, por ejemplo, por denominaciones de leyes o por numeraciones de artículos de una Ley.

Convocatoria de nuevo examen

Una vez resueltos los recursos presentados, la resolución levanta la suspensión del proceso, que puede continuar. A la vista de que es preciso realizar un nuevo examen, los ejercicios realizados no se corregirán, permaneciendo en los sobres lacrados, y se convocará un nuevo examen al que podrán presentarse los opositores que en su día figuraban en la lista de admitidos. La fecha del examen, de acuerdo con las bases de la convocatoria, la determinará el tribunal calificador y aún no se conoce.

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