La Junta quiere “reequilibrar” los precios de las ITV

La Junta de Castilla y León ha tomado la “firme decisión” de reequilibrar los precios que las empresas concesionarias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cobran en Castilla y León ante la constatación de que están muy por encima de otras comunidades limítrofes, según informó hoy a la agencia Ical el consejero de Economía, Tomás Villanueva.

Para ello, ha empezado a aplicar ya una serie de medidas administrativas que, fundamentalmente, incluye la negativa a actualizar los precios con el IPC, medida que se ha decretado en los últimos tres años y que, en principio, volverá a aplicarse en 2014, pero no se descartan otro tipo de iniciativas, como el recurso a los tribunales de justicia, para lograr una contención en las tarifas.

La Consejería de Economía lleva dos años realizando un estudio “profundo” del sector y ha constatado que el incremento de los precios a los consumidores que se ha producido en los últimos años es “mucho más de lo deseable” y estaba fundado en “unos indicadores que se empiezan a discutir”.

Esto ha generado, según fuentes del departamento de Tomás Villanueva, unos desequilibrios “en favor de las concesionarias de las ITV y en perjucio de la Administración y del interés general de los ciudadanos”, que es lo que la Consejería trata de defender. Así, apuntan a que la tarifa de los conductores en Castilla y León es muy superior a comunidades limítrofes como Cantabria, Aragón o Madrid y en algunos casos, incluso, las empresas que prestan este servicio son las mismas que en la Comunidad.

Ante esta situación, según Tomás Villanueva, se ha tomado la decisión de “ir reequilibrando el sistema, algo que no puede hacerse en un mes” y por ello se inició un proceso de conversaciones con las concesionarias de ITV que están estancadas. “Entendemos que hay mecanismos para que el servicio se ofrezca en mejores condiciones para los usuarios”, explicó a Ical el consejero, quien advirtió de que “como la vía del diálogo no avanza se han dado pasos con los servicios jurídicos de la Administración para buscar los mecanismos que nos permitan equilibrar los costes del servicio con los precios que cobran”. Según aseguran en la Consejería, los márgenes de beneficios de sus cuentas de resultados de estas empresas revelan que pueden hacer este esfuerzo.

Fuentes de la Consejería reconocieron “cierto malestar por parte de los concesionarios” por algunas medidas adoptadas ya, como la congelación de los precios y también en la Junta por la posición de las empresas, pero insistieron en que si no hay un acuerdo “la Junta ejercerá su labor de Gobierno e implantará un nuevo sistema”.

Los servicios jurídicos han estudiado ya algunas alternativas que pasan, en primer lugar, por la vía administrativa, aunque no se descarta que la cuestión acabe en la vía legal. “Los servicios jurídicos han determinado que hay iniciativas que se pueden adoptar y yo he dado el visto bueno para proceder porque parece que el desequilibrio existente se puede corregir y, de este modo, todo debe acabar con costes más reducidos para la prestación del servicio”, aseveró Villanueva.

En principio, la congelación de precios -u otro tipo de medidas administrativas en este sentido que están estudiándose- estaría amparada por la ley de desindexación de la economía respecto al IPC ya que la Junta considera que “la inflación no es un indicador de la realidad cuando los consumidores están sufriendo una subida de tarifas y a la vez hay más paro y congelación salarial en las empresas”, remarcaron las fuentes de la Consejería, que pusieron el acento en que las ITV son un servicio público y “en época de crisis debe comportarse como tal”.

La Junta de Castilla y León descarta, no obstante, rescatar las concesiones. El sistema concesional es, según consideran, el mejor que podría aplicarse en una comunidad tan extensa y con municipios tan dispersos. Ha permitido buenos estándares de calidad del servicio y crear una malla que permita acercarlo al medio rural, “pero después de 25 años hay que corregir los desajustes”.