La Junta prorroga las medidas de protección para compradores y arrendatarios de viviendas protegidas afectados por la crisis
El Consejo de Gobierno acordó este jueves prorrogar por un año las medidas urgentes en materia de vivienda, que hacen referencia a la especial protección que deben tener los adquirientes y arrendatarios de viviendas afectados por la crisis, para lograr que las familias no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos al acceso a una vivienda protegida.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá mantener las condiciones establecidas en los capítulos III y IV de la Ley 10/2013 de Medidas Urgentes en materia de vivienda tras la prórroga acordada hoy por la Junta. Las medidas tratan de atender la atención de especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos, como consecuencia de la crisis económica, para ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
Respecto a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes, contenidas en el capítulo III de la Ley, las medidas de carácter temporal prorrogadas incluyen la moratoria en el pago de la cuota mensual y reestructuración de la deuda pendiente tanto en el caso de compra como de alquiler.
Otras medidas también prorrogadas hacen referencia a la constitución de una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social, así como la reducción de los precios máximos de venta y alquiler.
La portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, recordó que en los dos años de vigencia de la Ley de Medidas Urgentes, que ahora se prorroga uno más, la Consejería recibió un total de 330 solicitudes para la moratoria en el paso de la cuota mensual, de las que 300 fueron concedidas. Además, hubo 182 casos de reestructuración de la deuda pendiente y otras 467 amortizaciones anticipadas de la compra. También se flexibilizaron los requisitos de los compradores y arrendatarios potenciales a 777 familias que optaron por la compra de una vivienda y a 269 de alquiler.
En todo caso, la vicepresidenta de la administración regional precisó que estas ayudas en materia de vivienda solo corresponden a las autorizaciones propias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Además, mencionó las actuaciones de la Red de Protección a las Familias por la crisis que, entre otros programas, contempla las ayudas de emergencia para casos de alquiler de viviendas.
El capítulo IV de la citada ley articula un conjunto de medidas temporales orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública y evitar tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales.
Ampliar periodo de amortización
Entre las medidas prorrogadas por la Junta de Castilla y León, figura autorizar la ampliación del periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los compradores y arrendatarios potenciales, facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción a compra a diez años y la ocupación de viviendas en caso de cambio de residencia por motivos laborales y, por último, la no obligación de devolución de las ayudas que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio.
La Junta de Castilla y León es consciente de que, a pesar de que determinados indicadores económicos avalan que la crisis se va superando, es necesario seguir ofreciendo oportunidades a los ciudadanos que les permita afrontar sus gastos en materia de vivienda con mayor facilidad, según el acuerdo del Consejo del Diálogo Social en su reunión del pasado 2 de octubre.
