La Junta garantiza el pago de la Renta de Ciudadanía, la dependencia y las pensiones no contributivas
La Junta de Castilla y León garantiza que los perceptores de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas desempleadas de larga duración y con menos recursos, la dependencia, las pensiones no contributivas, las de la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi¡) y las prestaciones del Fondo de Asistencia Social (FAS) recibirán su nómina regularmente, a pesar de las dificultades, tanto físicas como económicas, que plantean las limitaciones de estado de alarma.
En el caso de la Renta, a 31 de marzo de 2020, el número de titulares es de 9.153, que recibirán en su conjunto casi 4,87 millones de euros en concepto de nómina mensual, ya que el presupuesto anual asciende a más de 79 millones de euros.
Por otra parte, para el sistema de Dependencia en Castilla y León, que atiende a cerca de 105.000 personas con más de 140.000 prestaciones, la Junta de Castilla y León destina anualmente más de 569 millones de euros, en los que están incluido el personal de las prestaciones de asistente personal, ayuda a domicilio y teleasistencia.
Ademas, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se recalca que se mantienen activos los servicios que afectan a colectivos vulnerables y a los centros residenciales, tanto de mayores como de personas con discapacidad, menores y víctimas de violencia de género.
Dado que los colectivos sociales y en riesgo de exclusión son los más vulnerables en esta crisis provocada por el coronavirus, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha lanzado un mensaje tranquilizador a toda la población garantizando el pago de todas las prestaciones.
Además, en comunicado destaca la “dedicación especial” a las personas mayores. Así, se mantienen activos y con todas las garantías y medidas de protección, tanto para los usuarios como para los trabajadores, los centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad, menores de protección, menores infractores y mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto a la garantía de la prestación de servicios de atención y la actividad de los centros residenciales, la Consejería de Familia mantiene activos servicios en todas las provincias, dirigidos a las personas más vulnerables. Es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género Actualmente se encuentran activos 17 centros de acogida para víctimas, que en 2019 alojaron a 481 personas, así como otros recursos habitacionales para víctimas especialmente vulnerables, como por ejemplo las que además de ser víctimas de violencia de género tienen discapacidad por enfermedad mental.
En cuanto a los centros residenciales, se mantienen activos 698 de personas mayores, con más de 48.000 plazas, más de 500 residencias y viviendas para personas con discapacidad, con casi 7.100 plazas.También están activos los 56 centros de protección de menores, que tienen ocupadas 575 plazas, mientras que los ocho centros destinados al cumplimiento de medidas de internamiento para menores infractores tienen ocupadas 122 plazas.
Finalmente, desde Familia se recuerda que las personas con problemas de drogodependencia también cuentan con garantía de atención por parte de la Junta. Actualmente, son 226 las personas que son atendidas por este problema y durante el estado de alarma, los centros ambulatorios prestan servicios de atención telefónica o a distancia a los pacientes drogodependientes, quedando la atención presencial como algo excepcional, reservada únicamente para atender las necesidades clínicas más urgentes y extremando las precauciones en medidas higiénicas.
