La Junta espera un informe que aclare por qué no se comunicó la existencia de intrusos en la minería
La Junta de Castilla y León está a la espera de recibir el informe de la Inspección de Servicios para determinar por qué no se comunicó la existencia de un documento de marzo de 2009 que alertaba sobre la existencia de trabajadores intrusos en el régimen de la minería del carbón. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, defendió que el Ejecutivo “hizo lo oportuno”, aunque admitió que “cuesta entenderlo”, puesto que ese expediente no se puso en conocimiento de las autoridades laborales.
Villanueva informó sobre la actuación de la Junta en este asunto, que se conoció a través de El País, durante la presentación de su balance de mandato en la Cámara de Comercio e Industria de la provincia. El consejero, que dejará la política tras dos décadas en la administración autonómica, sostuvo que la Dirección General de Energía y Minas y los servicios centrales de la Consejería de Economía y Empleo desconocían el informe del jefe de servicio de El Bierzo en el que indicaba que había “anomalías” en los listados de la Seguridad Social en la empresa Alto Bierzo, del empresario Manuel Lamelas Viloria, actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Junta. Fuentes de la Junta trasladaron entonces la responsabilidad a la Delegación Territorial de la Junta, que ocupaba entonces el actual presidente del PP leonés, Eduardo Fernández, que rechazó también haber conocido el informe.
En ese sentido, el consejero explicó que ese informe fue trasladado al jefe de servicio de la Delegación Territorial de Industria de León, que al “leerlo” y determinar que la Junta no era competente, se lo trasladó al delegado territorial de la Junta en esa provincia. Tomás Villanueva añadió que al tener conocimiento de que el caso no se había puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo, el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, reclamó al jefe de servicio de León un informe sobre el recorrido del expediente y una copia del informe en cuestión.
Ese documento se elevó a la Dirección General de Instituto del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que indicó que debía ser enviado al jefe de la Inspección de Trabajo de León. Además, Villanueva apuntó que la Inspección de Servicios de su departamento está investigando lo ocurrido con el informe, que se ha mantenido oculto durante seis años. De momento, el Ejecutivo autonómico no ha recibido ese dictamen.