La Junta contrata de una empresa pública miles de informes sobre la Red Natura 2000

Entrada de la localidad de Riolago de Babia.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la contratación por 3,1 millones de euros de una empresa pública, Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec, del grupo Tragsa) para que elabore miles de informes de afección medioambiental a la Red Natura 2000 hasta el año 2025.

En concreto, la compañía se hará cargo del servicio para la elaboración del Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y del Informe de Afección al Medio Natural, por un importe total de 3.131.672 euros, y el contrato tendrá un plazo de 57 meses a partir del 1 de abril de 2020.

Se trata, explica la Junta de Castilla y León, de elaborar 11.800 propuestas de informes IRNA -informes de carácter preceptivo para cada plan, programa o proyecto en relación con su posible afección a la Red Natura 2000-, e informes IMENA -informes de afección al medio natural, completados con el asesoramiento e información a los promotores de planes y proyectos, tanto públicos como privados, durante la vigencia del encargo-.

La Junta explica que con los datos recabados deberá establecerse una base de datos alfanumérica y cartografía de impactos residuales en Red Natura 2000, una red en la que la provincia leonesa tiene la mayor superficie.

Para ello, la empresa Tragsatec contará con diez equipos de trabajo, uno en cada provincia, más otro de especialistas en materia de flora, fauna y hábitats en los servicios centrales. Los medios humanos de cada una de las provincias “estarán dimensionados”, explican, para que puedan elaborar las propuestas de informe en un plazo inferior a diez días desde su recepción. La empresa dotará a cada equipo territorial de los medios adecuados para poder realizar visitas al campo, además de equipos informáticos y las aplicaciones necesarias.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por su parte, pondrá a disposición de Tragsatec aquella información que fuera necesaria para la ejecución del servicio, con prohibición expresa de cederla a terceros.

Red Natura 2000

La Red Natura 2000, creada mediante la Directiva europea 92/43/CEE, constituye la mayor apuesta de conservación realizada hasta la fecha en Europa. Se trata de una red ecológica de ámbito supranacional que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiversidad en la Unión Europea a través del establecimiento de un marco de actuación común para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

La Red está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas a partir de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), por albergar hábitats y especies de fauna (no aves) y flora de interés comunitario, y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que tienen como objetivo la conservación de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular.

La Red Natura 2000 en Castilla y León está constituida por 70 ZEPA, con una superficie total de 1.997.977 hectáreas, y 120 ZEC, cuya superficie asciende a 1.890.600 hectáreas, lo que supone respectivamente el 21,20 % y el 20,06 % de la Comunidad.

De forma global, teniendo en cuenta el solapamiento existente entre distintos espacios, la superficie total de la Red en Castilla y León es de 2.461.759 hectáreas, y ocupa el 26,13% del territorio. La Red Natura 2000 de Castilla y León supone el 16,63 % de la Red Natura 2000 de España y el 2,37 % de la superficie a nivel europeo, lo que da idea de la gran biodiversidad de la Comunidad.

La Red Natura 2000 está pensada para garantizar la conservación y la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados del continente, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad y al sostenimiento de la vida humana y sus actividades. Desde su creación promueve que naturaleza y desarrollo socioeconómico vayan de la mano, apoyando la economía local. Lejos de ser un obstáculo, ofrece nuevas oportunidades para desarrollar actividades productivas tradicionales, recreativas y de turismo, y otras que, siendo novedosas, sean respetuosas con la conservación de la biodiversidad.

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