La jueza del caso 8M archiva la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid
La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo (8M).
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid considera que en esas fechas —entre el 5 y el 14 de marzo— Franco no tuvo un conocimiento “cierto, objetivo y técnico” del riesgo que entrañaba la realización de manifestaciones y que tampoco recibió ninguna comunicación o instrucción sanitaria al respecto. Además, concluye que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada” instó a Franco a que “prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones” por la COVID-19.
La magistrada entiende que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos Franco. Pero la decisión no es firme y puede ser recurrida ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid. La magistrada ha denegado el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Franco en este procedimiento.
El político socialista, que era el único investigado en esta causa, aseguró este miércoles en su declaración como imputado que actuó en todo momento “con arreglo a la ley y a la información de los expertos sobre la evolución del coronavirus”.
La Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones al considerar que Franco no debía permitir las manifestaciones, solo tomar nota de la comunicación de que se iban a celebrar, y que la institución que dirige tampoco tiene competencias en materia sanitaria. Este jueves, en otro recurso, el Ministerio Público cargó contra la jueza por la “celeridad” que imprimió a la instrucción cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma, lo que a su juicio había generado una “situación de indefensión” al delegado del Gobierno.
También este jueves los testigos desmontaron una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trataba de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco, con abundantes bulos, mentiras y manipulaciones: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.
La decena de promotores de manifestaciones interrogados por la jueza negaron esas presiones. Varios aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada e incluso apuntaron la existencia de “errores” o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado.
Los polémicos atestados del instituto armado, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.
El asunto también ha levantado una tremenda polvareda política. En las últimas semanas, la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista ha sido el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
