“No es permisible desacreditar a los profesionales de la justicia”

Luis Alberto Gómez lleva apenas un mes en su nuevo cargo como juez Decano de León, sin embargo, ha llegado con muchas opiniones sobre las mejoras que necesita la nueva oficina judicial de la ciudad para mejorar su funcionamiento. Asegura que el futuro pasa por la transferencia de las competencias de Justicia a todas las comunidades y considera que las nuevas tasas anunciadas por Gallardón pueden ser positivas. ileon.com lo ha entrevistado para conocer más a fondo su punto de vista sobre los temas más desconocidos y también sobre los más mediáticos.

¿Cuál cree que es la situación actual de la justicia en León?

No en todos los sitios la administración de Justicia tiene el mismo funcionamiento, todo depende del nivel de conflictividad y del número de órganos judiciales que existan. Hay zonas como Cataluña o Canarias que presentan mayor conflictividad. La administración no tiene una buena prensa pero yo creo que el funcionamiento no es tan malo ni tan deficiente. Hay defectos que deben subsanarse pero en la mayoría de los casos vienen derivados de que el número de jueces que hay en España en relación con el número de habitantes es muy pequeño. Lo que importa es que el número de personas que esté resolviendo los conflictos sea el adecuado y nosotros tenemos un déficit muy pronunciado en este sentido.

Cuando se habla de justicia suele acompañarse de términos como lentitud o retrasos, ¿es éste el caso de nuestra provincia?

En León ha habido dos momentos. El anterior y el posterior a la puesta en funcionamiento de la oficina judicial. En el anterior la situación no era de retraso ni de acumulación. La jurisdicción civil y la penal funcionaban muy bien. No obstante, la jurisdicción social a raíz de la crisis económica se ha visto desbordada por la acumulación de asuntos, esto ha provocado un mayor retraso porque se han duplicado los casos. Es cierto que a partir de la puesta en funcionamiento de la oficina judicial ha habido unos meses de cierta ralentización y eso se ha manifestado en el nivel de respuesta, pero ha sido una situación coyuntural. A nivel de señalamientos puedo ofrecer un dato comparativo, en el primer trimestre del 2011 el nivel de vistas fue de unas 1.300 y en este trimestre del 2012 llevamos unas 2.200.

¿Qué efectos ha tenido la crisis económica en la administración de Justicia?

Yo diría que en los juzgados es donde más se pueden palpar las consecuencias de la crisis, por el número de procedimientos y por la trascendencia económica de los mismos. Han aumentado los procedimientos por despidos, el juzgado de lo mercantil ha sentido la gran cantidad de concursos que se han presentado y el juzgado de lo contencioso se ha visto desbordado por los recursos interpuestos por empresas y autónomos contra las administraciones públicas por impagos.

¿Sería posible para Castilla y León asumir las competencias de Justicia?

Este es un camino de difícil retorno. En las comunidades de mayor número de población y con mayor capacidad económica esa transferencia ya se ha hecho, quedan pocas que dependan directamente del Ministerio de Justicia. El futuro pasa porque esas competencias sean asumidas por las comunidades autónomas, incluida Castilla y León. Estamos en un momento decisivo, en el camino final para que la transferencia se haga realidad. El problema es la capacidad económica para hacer frente a esa transferencia.

¿Cree que el pago de tasas anunciado por Gallardón limita el acceso a la justicia?

En la medida en que se garantice que las personas que no tengan recursos queden exentas del pago de estas tasas, no me parece una medida descabellada y de alguna forma puede reportar fondos para el buen funcionamiento de la administración de Justicia.

¿Cuál es su opinión sobre el procedimiento a Garzón?

Creo que no tengo que pronunciarme. En cuanto al resultado solo puedo decir que las resoluciones judiciales hay que acatarlas. Los afectados tienen un sistema de recursos y a el deben someterse. Lo que no es permisible es desacreditar a los profesionales o magistrados del tribunal supremo por un trabajo que creo que es honesto y técnicamente irreprochable.

¿Qué le parece el trasvase de personalidades del mundo judicial al mundo político?

A mi no me merece crítica. Creo que la cuestión radica en que haya unos mecanismos de salvaguarda de la independencia judicial, de forma que cuando uno se reincorpore sea en determinadas condiciones.

¿Cuales son las medidas a adoptar para mejorar el funcionamiento de la justicia en León?

Las mejoras pasan por cambiar el diseño de la nueva oficina judicial. En un principio estaba pensada para la instauración del expediente digital y la estructura se basaba en la creación de los tribunales de instancia. Sin embargo, a León no ha llegado el expediente judicial y la creación de estos tribunales todavía no está clara. Las soluciones son racionalizar la estructura, evitar traslados de documentación innecesarios y racionalizar los servicios, sobre todo la plantilla de los mismos. Hay servicios comunes en los que hay una gran carencia de funcionarios.