El juez aplaza sin fecha la citación de los ocho imputados por Enredadera sobre el Ayuntamiento de León
La causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de León, emanada de la Operación Enredadera contra una trama de corrupción política y empresarial que puso en marcha en toda españa el número 2 de Badalona, ha sufrido un considerable parón en seco del que hasta ahora no se tenía noticia públicamente.
Un frenazo que como primer efecto supondrá que se aplazan, sin nueva fecha de momento, las primeras comparecencias de los investigados (imputados), en concreto a la que tenían que hacer frente el 11 de septiembre el ya exconcejal de Infraestructuras y Deportes en el Ayuntamiento de León, José María López Benito 'Yiyo', y los funcionarios municipales de León Miguel Martínez Puente, arquitecto del Consistorio, y Javier Herrero González, responsable de Vías y Obras.
Segun ha podido confirmar fehacientemente ILEÓN, ninguno de los tres tendrán que personarse en el Juzgado leonés que preside el juez Fernando Javier Muñiz Tejerina la próxima semana. El motivo es que el magistrado ha decidido a lo largo del mes de agosto dos cosas: la primera, clarificar con exactitud sobre qué personas recae esa 'imputación' por la pieza separada de Enredadera en León, y que se ciñe exclusivamente al Ayuntamiento de León.
Esas ocho personas a las que se les atribuye como investigados alguna responsabilidad previa en la trama, entre otros presuntos delitos por el de prevaricación, son los ya mencionados López Benito 'Yiyo', Martínez Puente y Herrero González, así como los empresarios José Luis Ulibarri Comerzana y su socio Ángel Luis García Martín 'El Patatero', como supuestos cabecillas de la trama, la mano derecha de Ulibarri; Miguel Hernán Manovel García, el excoordinador de Ciudadanos y cargo de confianza de esta formación en la Diputación, Sadat Maraña Robles; y el exconcejal socialista de Astorga y empleado de 'El Patatero' Juan José Simon Callejo.
Con esta lista, el juez pretende acotar y aclarar sobre quien pesan en exclusiva, y de momento, las presuntas irregularidades que se investigan en la causa separada de León, que no afecta por lo tanto a ningún otro municipio de la provincia, como San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre (que siguen instruyéndose en Badalona) o Astorga y Villarejo de Órbigo (que se sustancian en el nº 2 de Astorga).
Pero además de frenazo, habrá cierta dilación de todo el procedimiento. Porque el juez ha decidido asimismo solicitar de manera formal a la Unidad contra la Violencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional una copia completa no sólo de las trascripciones de todos los 'pinchazos' telefonicos realizados, que sirven como prueba de peso contra los ocho investigados judiciales, sino también las grabaciones de audio en los que esas transcripciones policiales se sustentan. Un proceso a priori tan complejo que nadie puede estimar cuánto tiempo llevará hasta que la UDEF entregue ante el tribunal leonés esa documentación.
Una vez que transcripciones y grabaciones obren en su poder, la pretensión del magistrado es entregárselas a los ocho implicados o sus representantes, y a nadie más aunque aparezca mencionado en aquellas conversaciones, al objeto de conocer con detalle qué pruebas relevantes juegan en contra de los imputados.
Y también habrá que esperar, aún más tiempo, para que también puedan llegar a León desde el juzgado de Badalona y ser conocidas por los implicados los nuevos autos judiciales que incluyan los aún desconocidos resultados de los registros ordenados desde Badalona, realizados en la macrooperación policial al unísono en toda España el pasado 3 de julio, y que en el caso que el juzgado de León lleva se centrará en los registros a varias dependencias del Ayuntamiento de León; de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal), la empresa de aguas semipública que presidía López Benito, así como de los domicilios y despachos de los ocho afectados ya referidos. Eso si para entonces, con esa nueva información, no se han hallado nuevas pruebas para ampliar el actual número de imputados por Enredadera en la capital leonesa.
Cabe recordar que los despachos de López Benito y los funcionarios Martínez Puente y Javier Herrero fueron objeto de algunos de los principales registros realizados aquel 3 de julio en el origen de Enredadera. Un despacho, el de 'Yiyo', del que el veterano político del PP se despidió anunciando su renuncia al acta de concejal y de todos sus cargos municipales tras el Pleno monográfico forzado por la oposición y en el que Ciudadanos pidió ese gesto para no firmar una moción de censura contra el alcalde del PP, Antonio Silván, creando una criticada comisión de investigación que aún no ha visto la luz. Y es que Silván había arropado inicialmente a su edil a pesar de la imputación por este caso.
El despacho que ocupaba 'Yiyo' ha iniciado hoy el nuevo curso político ya sin su nombre en la puerta, aunque aún su renuncia no ha sido ratificada por el Pleno ni tomado posesión el sustituto de su acta de concejal.
