La incidencia de las bajas laborales en las empresas cae un 42,8% desde el inicio de la crisis
El número de bajas laborales en Castilla y León se ha desplomado un 48,5 por ciento en los últimos seis años, desde el inicio de la crisis. Frente a los 19.317 procesos de incapacidad temporal de media que se abrían cada mes en 2007 se ha pasado a los 9.933 de 2013. Es un dato que está relacionado con la menor actividad económica y con el descenso de la población activa. Pero hay una variable objetiva que no cambia y que corrige el efecto del desempleo. Es la que recoge la incidencia media mensual por cada mil trabajadores, que ha bajado un 42,8 por ciento en ese mismo periodo de tiempo.
Las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) señalan que la Comunidad Autónoma ha pasado de registrar 24,89 a 14,22 bajas por cada millar de empleados protegidos. Un porcentaje que se sitúa cuatro puntos por debajo de la media nacional (18,38) y permite colocar a Castilla y León en la cuarta región con menor incidencia de incapacidades temporales en el conjunto de España, sólo superada por Extremadura (10,37), Comunidad Valenciana (13,05) y Castilla La Mancha (13,91). Además, la bajada de las contingencias en la Comunidad desde 2007 es superior a la nacional, que se situó en el 38,5 por ciento (cuatro puntos menos).
También hay diferencias entre los propios territorios de la Comunidad. Por ejemplo, el número de bajas por cada millar de trabajadores está por encima de la media regional en Palencia (14,97), Soria (15,12) y, sobre todo, Burgos y Valladolid, con 16,07 y 16,88, respectivamente. Curiosamente, son territorios que concentran una mayor producción industrial aunque siempre en un nivel inferior a la media de España.
En cambio, Zamora, con una tasa del 10,16, y Salamanca, con 10,67, están en las provincias españolas con menor incidencia, sólo por detrás de Cáceres (9,60) y Jaén (10,09). Tampoco está muy lejos Ávila con una tasa de 11,77. Con una incidencia similar al conjunto están León (13,44) y Segovia (13,24).
Son datos que incluyen las bajas del conjunto del sistema (motivadas por las contingencias o enfermedades comunes), tanto las que tramita directamente el INSS como las que se derivan a través de las mutuas. Solo están excluidas las incapacidades temporales de los autónomos.
Autónomos
Contrariamente a lo que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, la incidencia de las bajas entre los autónomos de Castilla y León ha variado mucho menos entre 2007 y 2013. Han pasado de 9,56 cada mil afiliados protegidos a 8,82. Es decir, un 7,7 por ciento de descenso.
El secretario de Salud Laboral y Seguridad Social de Comisiones Obreras (CCOO) Castilla y León, Mariano Sanz, reconoce que el descenso de la tasa de bajas por contingencias comunes casi a la mitad está relacionado con el actual panorama de crisis económica, el creciente temor de los trabajadores a perder su empleo y el descenso de los efectivos en las plantillas que impide faltar mucho tiempo a su puesto.
Más aún, señala, desde la aprobación de la reforma laboral por parte del Gobierno del PP, que facilita los despidos de los trabajadores que 'abusan' de las bajas. La nueva legislación posibilita que las empresas puedan despedir a un trabajador por causas objetivas por faltar diez días al trabajo, pese a contar con una baja médica justificada. En concreto, ausentarse el 20 por ciento de las jornadas durante dos meses consecutivos o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos en un periodo de un año.
La reducción del número de procesos de incapacidad temporal por contingencia común ha sido progresiva y continuada durante los años de la recesión. A medida que empeoraba el mercado laboral, bajaban las ausencias de los trabajadores en sus empresas. Frente a las 24,89 bajas por cada mil empleados de 2007 en Castilla y León, cuando aún no había crisis, se pasó a las 23,92 de 2008 y a las 22,17 de 2009. Las mayores reducciones, hasta la fecha, tuvieron lugar entre los años 2009 y 2010 (19,57) y entre 2011 (18,99) y 2012 (15,11).
Sanz pone el ejemplo de la Asesoría Laboral de CCOO en Valladolid, que recibe unos mil casos al año. “Vemos que la gente es reticente a coger la baja por temor a perder su empleo, pese a estar enfermo”, precisa. A su juicio, es una situación que conlleva a un mayor deterioro de la salud. No en vano, recuerda que muchas enfermedades (gripe) tienen un alto riesgo epidemiológico en el lugar de trabajo. “Al final, se llevan los virus a la empresa y perjudica a un mayor número de empleados”, explica.
Al hablar de las enfermedades profesionales, relacionadas con trastornos musculoesqueléticos, reconoce que no coger la incapacidad temporal incide en el empeoramiento de la patología. “Llegará el momento en que el trabajador caiga de baja laboral y el periodo será más prolongado”, precisa el responsable regional de Salud Laboral del sindicato.
Las incapacidades temporales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han caído un 50,8 por ciento desde 2007, aunque su incidencia es mínima con respecto a las contingencias comunes: 2,76 por cada mil empleados el pasado año en la región.
Mariano Sanz deja claro que las bajas y altas de un trabajador corren a cargo de un profesional médico, quien se encarga de ver si el paciente está enfermo o sufre alguna patología. “Aquí nadie tramita una incapacidad temporal si no hay una justificación”, asevera.
En el mismo sentido se pronuncia la vicepresidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SocalemFYC), Elvira Callejo, quien asegura que es el médico el responsable de determinar si un paciente recibe el alta o no. Callejo apunta que el número de incapacidades que tramita en su consulta de Atención Primaria ha caído a la mitad en comparación a los últimos años, entre otras cosas porque ha aumentado el número de pacientes que está desempleado. También ha constatado que cada hay vez hay más personas que solicitan el alta “demasiado precipitado” porque desean volver a su trabajo.
Duración de la baja
Frente al importante descenso de las contingencias comunes, las estadísticas del organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social constatan que no ha parado de aumentar la duración de las bajas. En el conjunto del sistema, que excluye a los autónomos, el tiempo medio de una contingencia ha pasado en Castilla y León de 36,39 días en 2007 a 44,04 al cierre del año pasado.
La explicación hay que buscarla en que antes había más bajas de corta duración, por procesos leves, mientras que ahora pesan más las enfermedades verdaderamente graves que requieren de una larga recuperación. El responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras es partidario de evitar los abusos de personas que prolongan su baja de manera injustificada. Y eso, a su juicio, se logra con un incremento de los inspectores de Trabajo y del INSS. “Es la manera de que no nos tomen a todos por defraudadores”, considera.
Papel de las mutuas
SocalemFYC muestra “cierta preocupación” por las medidas del Gobierno para modificar el régimen jurídico de las mutuas y la regulación de la incapacidad temporal, aunque considera positivas las últimas modificaciones. Entre esos cambios están que los médicos de las mutuas no tengan acceso a toda la historia clínica de un trabajador de baja. “El historial recoge información sensible de un paciente, fruto de la confianza existente entre usuario y profesional”, explica Callejo. Finalmente, todo parece indicar que los médicos de las mutuas podrán conocer solo la documentación relacionada con la incapacidad temporal.
También puede cambiar en relación a la potestad de las mutuas para emitir partes médicos de alta en contingencias comunes, con un control por parte de la Inspección Médica y un incremento de los plazos. La idea es que en el caso de que al sexto día la mutua no hubiera pronunciamiento expreso, se entenderá que la propuesta ha sido estimada y emitido el parte médico de alta por silencio administrativo. La vicepresidenta de la sociedad médica considera que es un plazo muy escaso, además de lamentar el “papel fiscalizador” de la mutua.
Comisiones Obreras critica la visión “economicista” de la salud y que el Gobierno quiera primar la decisión de un profesional de una mutua frente al del sistema público, que tiene su plaza por oposición o méritos.
Por último, Elvira Callejo aboga por una modificación de la tramitación de la baja, sobre todo en casos de larga convalecencia donde es absurdo renovar un parte de conformidad cada semana. “Es una sobrecarga de trabajo administrativo y burocrática que nos resta tiempo para hacer nuestro trabajo de estar con los pacientes”, manifiesta.
