El Gobierno sube a 900 euros el salario mínimo, un 22%, y un 2,25% a los funcionarios
Las ministra portavoz, Isabel Celaá, de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, fueron hoy las encargadas de explicar y anunciar las decisiones salariales adoptadas hoy por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez. Por un lado, el anunció de la aprobación del real decreto para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales en 2019, que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.
Se trata, explicaron, de “la mayor subida desde 1977” y supone un incremento del 22,3 por ciento, según destacó Celaá. La portavoz puso de manifiesto que con esta subida, la cuantía del SMI sitúa a España en el 80,6 por ciento del salario medio de Europa y favorecerá en un 56 por ciento a mujeres.
Por su parte, Batet, destacó este viernes que todos los empleados públicos de la administraciones central, autonómica y local verán incrementarse sus nóminas a partir del 1 de enero de 2019, tras el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que así lo recoge y con el que “se reconoce el esfuerzo que los funcionarios hicieron para sacar a este país de la crisis”.
Así lo dijo Batet durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que apuntó que esta decisión del Gobierno “obedece a la necesidad de evitar un periodo de incertidumbre” mientras se negocia la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
Así, el Gobierno aprobó un incremento fijo del 2,25%, que cobrarán todos los empleados del sector público de manera lineal, y de un 0,25% de fondos adicionales para implantación de planes o proyectos de mejora de productividad o eficiencia. Esta cifra no se aplica de manera lineal, sino que está sujeta a negociación con las organizaciones sindicales en cada administración.
A la retribución fija se suma una retribución variable del 0,25 por ciento ligado a la evolución del PIB y aplicable a todas las administraciones. Con esta subida se da cumplimiento al acuerdo suscrito entre el anterior Gobierno y los sindicatos el pasado mes de marzo.
Batet explicó que si el Gobierno no aprobara esta norma, “se congelarían los salarios de todos los empleados públicos sin que en la actualidad existan motivos para dicha congelación”.
Así, afirmó que “la complejidad y la incertidumbre que se derivarían de una adopción tardía hacen además necesario que estas medidas estén en vigor a 1 de enero”. La ministra defendió que este incremento salarial es “una medida fundamental de este Gobierno, tanto en términos de su política en función pública como de su política económica”.
Con ella “se reconoce el esfuerzo que los funcionarios hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, profesionalidad y vocación de servicio público”. Batet se mostró convencida de que el Gobierno contará con un apoyo “muy amplio” de las fuerzas parlamentarias. En este sentido, señaló que el Ministerio se pondrá en contacto con todos los grupos parlamentarios en los próximos días para analizar este decreto e iniciará una ronda de información y de primera valoración de las medidas.
