El Gobierno amplía un año el plazo para ejecutar las ofertas de empleo y la estabilización de puestos
El Gobierno amplía hasta 2021 el plazo para aprobar, publicar y desarrollar las ofertas de empleo público y los procesos de estabilización así como las convocatorias derivadas de esas ofertas que se vieron interrumpidos por la crisis del Covid-19.
En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública informó de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, que establecían tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas, incluían asimismo una habilitación para la ejecución de las ofertas de empleo público derivadas de esos procesos de estabilización, que suponía su vencimiento en 2020.
De no adoptar esta medida “urgente” para ampliar el plazo, se impediría la ejecución de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas ya aprobadas, sin que hayan desaparecido además las necesidades de estabilización del empleo temporal en todas las administraciones públicas y la correlativa frustración de las expectativas de los aspirantes que fueran a participar en esos procedimientos que no podrían convocarse de otra forma, según explicó el Ministerio.
La complejidad de la puesta en marcha de estos procesos se ha visto afectada por el impacto de la crisis sanitaria y la suspensión de plazos administrativos y las propias medidas de contención puestas en marcha no solo han afectado a la ejecución de los procesos ya iniciados sino también a la propia posibilidad de iniciar nuevos procedimientos.
Esta medida fue anunciada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en su comparecencia en el Senado el 4 de junio y fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada el 11 de junio, a la que asistieron los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y se enmarca en el compromiso de las administraciones públicas para mejorar el empleo público y reducir la temporalidad.
