La Fiscalía de Ponferrada investiga al alcalde pedáneo de Turienzo Castañero por amenazas
La Fiscalía de Ponferrada investiga una denuncia formulada por el club deportivo de caza San Tirso y San Pelayo contra el alcalde pedáneo de la localidad berciana de Turienzo Castañero, Víctor Núñez, al que se acusa de los presuntos delitos de coacciones, amenazas y delito contra los derechos cívicos. La apertura del procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada responde al conflicto abierto tras la elección, en 2015, del nuevo presidente de la junta vecinal en la localidad pertenciente al municipio de Castropodame y su intención de incrementar el canon pactado en el contrato de gestión del coto de caza LE-10859.
En ese sentido, los responsables del club de caza recordaron que desde 1.990 es la entidad la que viene gestionando este coto privado, mediante diversos contratos de cesión de los aprovechamientos cinegéticos, el último de ellos formalizado en 2013 para un periodo de diez temporadas. Sin embargo, los representantes del club denunciaron que Núñez amenazó con “rescindir unilateralmente” ese contrato si los socios del club no aceptaban un incremento del canon.
A partir de ese momento, denunciaron los responsables del club, se inició un “periodo de verdadero hostigamiento” por parte de Núñez, que se cerró con la declaración de nulidad del contrato, dictada el año pasado después de que un procedimiento de revisión de oficio detectase que no existía expediente de contratación.
Tras la presentación de un recurso contencioso administrativo contra esa resolución, los responsables del club de caza solicitaron diversa documentación pública referida a la gestión de la junta vecinal, aunque recibieron una negativa por respuesta. Tras reclamar ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, Núñez citó a los denunciantes en el mes de enero en la sede de la entidad local menor.
Según denunciaron los representantes del club de caza en ese encuentro, el alcalde pedáneo “chantajeó y amenazó con denuncias” a los asistentes por una supuesta infracción administrativa relativa al coto, lo que conllevaría una cuantiosa multa. “Estaba coaccionándonos a que renunciáramos a la documentación solicitada a cambio de no formular una supuesta denuncia contra el club deportivo”, explicaron los representantes del club.
