La fiscalía asturiana investiga a 200 ganaderos por estafa en las indemizaciones de ataques del lobo
La Fiscalía de Asturias considera que existen indicios de delito en la actuación de numerosos titulares de explotaciones ganaderas de la región que presuntamente cobraron por partida doble la pérdida de cabezas de ganado tras ataques del lobo. El Ministerio Fiscal ha comenzado a enviar las correspondientes denuncias a diferentes juzgados de la región, atendiendo al lugar de residencia de los denunciados. Por el momento, superan las 200, aunque las Diligencias continúan abiertas. Estas denuncias son el resultado de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía asturiana el pasado mes de abril tras una denuncia de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil.
El fiscal entiende que los denunciados cobraron los daños causados por el lobo, por un lado, del Gobierno del Principado de Asturias, tras la correspondiente valoración de la Guardería de Medio Rural y, por otro, de la compañía aseguradora. Así, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa, en algunos casos continuada, ya que los denunciados presuntamente solicitaron una doble indemnización, ocultando a cada entidad que la habían pedido en la otra, generando con ello un pago indebido. Junto con las diligencias que se consideran oportunas en cada caso, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración en calidad de imputados de cada uno de los denunciados.
En algunos de los supuestos investigados, la Fiscalía concluyó que la cantidad presuntamente estafada era inferior a los 400 euros, por lo que deberían tramitarse como una falta (y no como un delito), aunque en todos estos casos, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el fiscal considera prescritos los hechos.
La denuncia interpuesta por el Ucoma incluía además a la directora general de Recursos Naturales del Principado de Asturias, por si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación, derivado de un supuesto plan orquestado y encaminado a hacer un proyecto de gestión de lobo que permitiera más controles poblacionales. La Fiscalía archivó la investigación en lo que respecta a este punto, al considerar que no existen indicios de delito en su actuación.
