El fiscal jefe del TSJ aboga por suprimir partidos judiciales y centralizarlos en la provincia
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, aseguró este domingo que “un sistema judicial del siglo XXI debería eliminar los partidos judiciales y centralizarse en la provincia”. A su juicio, la organización judicial actual es “totalmente inadecuada” para el tiempo presente ya que la actual dispersión no tendría sentido sólo para la juridiscción civil.
Según explica el fiscal jefe en una entrevista publicada hoy en los periódicos del grupo Promecal, recogida por Ical, sería mejor una segunda centralización, pero entiende y asume que haya muchos colectivos e intereses y muchas poblaciones que reivindiquen su actual estatus para que “no les quiten lo poco que les queda”.
“Nací en esta Comunidad, donde he vivido casi toda mi vida, y entiendo y conozco el problema de la despoblación y la dispersión. Yo lo entiendo, pero también entiendo que la modificación de la planta judicial es, si no imprescindible, muy útil y necesaria”, reflexiona.
Por eso, Martín Granizo remarcó que un sistema judicial del siglo XXI debería centralizarse en la provincia y eliminar los partidos judiciales fuera de las capitales, como es el caso de Vigo o Gijón como lugares más próximos
Sobre la salida de violadores y asesinos de la cárcel, lamenta que no hayan cumplido la totalidad de las penas y coincide con el sentimiento de muchas personas, pero recuerda que había una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que debía cumplirse, al considerar que la llamada Doctrina Parot no se puede aplicar con retroactividad.
En tal sentido, recuerda que él mismo pasó por una situación personal, cuando el asesino del presidente de la Audiencia Provincial de Ávila Agustín Moro, quedó en libertad tras cumplir su pena de cárcel. “El magistrado, un compañero muy querido con el que coincidí en la Audiencia de Palencia, no vivía ya y su asesino estaba en la calle. La sensación fue muy similar a la de ahora y nos hizo reflexionar”, explica.
Al respecto, afirma que la Policía está legitimada para adoptar las decisiones necesarias para prevenir los delitos y proteger a las víctimas y añade que la Fiscalía puede dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que adopten medidas.
Por último, según sus noticias, la litigiosidad por el aumento de tasas ha bajado, principalmente, en los ámbitos civil y contencioso-administrativo. “Claro, que no sabría determinar con exactitud qué parte corresponde a las tasas judiciales, al desánimo que produce a la hora de pleitear el hecho de tener que pagar un dinero previamente, y qué parte se debe a la crisis económica, que en muchas ocasiones lleva al ciudadano a no querer asumir la inseguridad de pleitear”, señala.
