5.425 familias de León pierden el bono social de la luz desde el año 2011
El número de consumidores acogidos al bono social de la electricidad en Castilla y León a mediados de 2014 ascendió a 220.014, lo que supone un descenso del 11,7 por ciento respecto a 2011. Son 29.357 hogares menos que han dejado de disfrutar de un descuento del 25 por ciento en su factura que ha coincidido con la lucha contra el fraude y la implantación de los interruptores de control de potencia, que detecta que los hogares necesitan más de los tres kilovatios contratados.
La caída de clientes con la tarifa reducida es generalizada en España, aunque el porcentaje de bajada del 7,8 por ciento es inferior al experimentado en Castilla y León, según los datos facilitados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista. A fecha del segundo trimestre de 2014, había un total de 2,5 millones de consumidores con el bono social en el conjunto del país, con 212.000 clientes menos. Todas las comunidades españolas han perdido clientes del bono social.
El número de personas que ha perdido el bono social de la luz en Castilla y León ha sido progresivo aunque el mayor descenso tuvo lugar entre 2011 y 2012 cuando pasó de 249.371 a 233.794 clientes. En 2013 cayó un 4,6 por ciento hasta los 222.888 consumidores mientras que la cifra se situó por encima de los 220.000 a mediados del año pasado. Es decir, uno de cada diez clientes de la Comunidad tiene contratada esta tarifa que solo está al alcance de los consumidores domésticos con una potencia instalada inferior a tres kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en el paro.
La nueva Ley del Sector Eléctrico modificó el año pasado las condiciones e incluyó una limitación por renta para acceder a la tarifa social. Desde entonces, sólo está al alcance de los consumidores con el 120 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 10.841 euros anuales.
Todas las provincias han perdido beneficiarios acogidos al bono social desde el año 2011 aunque destacan los casos de Burgos, con un descenso del 14 por ciento; Segovia (-13,5 por ciento) y Zamora (-13,2 por ciento). También se situó por encima de la media regional Salamanca, con un retroceso del 12,7 por ciento en el número de clientes. En el lado opuesto, están Valladolid, León y Soria, con bajadas del 8,3, 10,3 y 10,8 por ciento, respectivamente. Palencia, con una caída del 11,6 por ciento y Ávila, con un 11,2 por ciento, cierran la lista.
Grupos socialmente protegidos
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó en el Congreso que los años de vigencia del bono social, aprobado en 2009, había aumentado la cifra de pensionistas aunque los mayores incrementos se registraron entre las familias numerosas y, sobre todo, en el colectivo de desempleados sin ningún ingreso. Unos datos que le sirvieron para justificar que “los grupos socialmente protegidos aumentan su peso en el bono social”.
En cambio, precisó, que el único grupo que había disminuido era el que disfrutaba del bono social por tener una determinada potencia contratada en una vivienda habitual pero que al no contar con un interruptor de control podían consumir sin límite. “A medida que esa potencia se evalúa mejor y se constata que consumen más, ese colectivo está disminuyendo”, declaraba en noviembre pasado en sede parlamentaria. Tanto que recordó que el punto máximo de clientes con esta tarifa reducida tuvo lugar en marzo de 2014 y desde entonces hubo un “descenso paulatino y lento, tampoco muy grande, exclusivamente en el grupo de los consumidores con tres kilovatios de potencia”.
A la vista de los datos facilitados por el Ministerio, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, acusó al Gobierno central de aprobar medidas energéticas que empujaban a la “exclusión social” a miles de hogares españoles que sufrían las consecuencias de la crisis y estaban en situación de pobreza energética. “Nos preocupa que el número de beneficiarios acogidos al bono social en nuestro país descienda de forma preocupante con la nueva reforma eléctrica del Gobierno”, añadió Heredia. También criticó que el precio de la electricidad con bono social no será fijo y estará sometido a un descuento de la tarifa ordinaria.
El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recoge que el bono social contaba con 2,5 millones de beneficiarios en España, de los que la mayor parte (cerca de dos millones) correspondía a los consumidores con una potencia contratada en su primera vivienda por debajo de los tres kilovatios. En estos casos, su inclusión en el bono social es automática, siempre y cuando estén acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) o regulada, y no es necesario solicitarlo.
El resto de clientes debe pedirlo expresamente a su empresa comercializadora de último recurso y acreditar la condición en cada caso. Los pensionistas suponen el 12 por ciento, seguidos del siete por ciento de las familias numerosas. Los hogares con todos sus miembros en paro, a nivel nacional, tan sólo significan el dos por ciento. A primeros de 2010, la tarifa reducida llegó a superar los tres millones, aunque la previsión inicial del Gobierno es que podría beneficiar hasta cinco millones de personas.
Dos años de vigencia
El bono social se disfruta por un periodo de dos años y para volver a beneficiarse de esta tarifa especial el cliente deberá acreditar que, de nuevo, cumple con los requisitos. El consumidor debe comunicar a la compañía cuando deja de cumplir las condiciones que marca el Gobierno y pierde los derechos a pagar menos por la electricidad. Solo los clientes con un contrato de suministro de una potencia inferior a tres kilovatios entran directamente a disfrutar del bono social, sin necesidad de solicitarlo.
Las compañías autorizadas por el Ministerio de Industria para prestar esta congelación de la tarifa de la luz son Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y Endesa, que operan en Castilla y León, junto a EDP España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé que el número de consumidores acogidos al bono social de la electricidad siga en caída en 2015, motivado en parte por la política comercial de las empresas que ofertan tarifas para operar en el mercado libre, por lo que pierden el descuento.
