La justicia da carpetazo a un presunto acoso laboral en EspañaDuero que acabó en suicidio
Esther Sierra se quitó la vida un 6 de junio de 2016. Ese lunes no acudió a su puesto de trabajo en el edificio del Portillo de EspañaDuero, saltándose una importante reunión que tenía señalada. Fue apenas dos días antes de que finalizara el periodo para apuntarse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que EspañaDuero, entidad en la que trabajaba en el Departamento de Gestión de Activos, estaba llevando a cabo y que supuso la salida del banco de 850 personas. La familia interpuso unas semanas después una denuncia penal contra su exjefe y un excompañero a los que consideraba responsables de la muerte de Esther por un presunto acoso laboral.
El pasado mes de noviembre la responsable del Juzgado de Instrucción 3 de León daba carpetazo a la investigación y dictaba el sobreimiento de la causa. La familia ha recurrido el archivo aunque reconocen que con “limitadas” esperanzas de que prospere. Lo achacan a la singularidad de la investigación, con varios avatares jurídicos y a la complejidad para demostrar que el presunto acoso llevó a Esther al suicidio, más aún sin que la víctima pueda acusar directamente.
La muerte de Esher produjo en su momento un importante 'shock' en los empleados del banco sucesor de la antigua Caja España, donde se había incorporado en el año 2005, según ha podido recoger este medio de empleados y exempleados. Su muerte en pleno ERE corrió como la pólvora por la entidad en un momento crítico, que supuso en el caso de León el fin del centro del Portillo como una de las principales sedes del banco. La fuerte presión a la que estaban sometidos los trabajadores, tras la 'quiebra' y 'nacionalización' del banco y su venta a Unicaja, era todavía mayor en el departamento donde trabajada Sierra como gestora de la venta de inmuebles procedentes de impagos, el asunto que provocó la intervención pública de lo que entonces se llamaba Caja EspañaDuero.
Lo cierto es que este caso ha tenido una singular trayectoria judicial, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
El caso deambuló por los juzgados 2 y 3 durante seis meses desde la presentación de la denuncia hasta que en noviembre de 2016 finalmente recaló en el número 3, ninguno de los dos se quería hacer cargo de la investigación. La titular de ese juzgado era por entonces la polémica Blanca Esther Díez, la misma que nunca quiso llamar a declarar en dos años como investigada a Isabel Carrasco en el llamado 'caso de los kilometrajes'. Durante años este juzgado ha sido uno de los más controvertidos de León debido a las frecuentes bajas de su jueza y a los habituales retrasos procesales, aunque actualmente Blanca Esther Díez está destinada en Marbella y tiene una nueva titular que reconduce la situación.
Allí estuvo más de un año cogiendo polvo ya que no consta ninguna diligencia en la investigación, ni a petición de las partes ni a instancias del juzgado, que sólo se retomó tras las quejas de los demandantes por el injustificado retraso. En noviembre de 2017 una testigo llamada por la acusación, por entonces ya extrabajadora de la entidad, respaldó la versión de la familia y consideró como posible acoso las situaciones a las que se vio sometida Esther, a su juicio y según su valoración de diferentes hechos.
En diciembre de 2017, un año y medio después de los hechos, se produjo la declaración de los dos acusados, jefe directo y compañeros de la fallecida. Ambos negaron cualquier tipo de acoso y redujeron a conflictos laborales habituales en una situación de estrés por el momento en que vivía el banco, en absorción por Unicaja, los posibles desencuentros con Esther.
La denuncia contra ambos sostenía que habrían realizado un “acoso laboral prolongado” que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte. Entre las conductas que denunciaban estaban actitudes denigrantes con amenazas de incluirla en el ERE o vejaciones en las relaciones con frases como “dame las putas previsiones” o “que no te enteras, que no puedes con esto”, así como actitudes como excluirla de acciones cotidianas como la toma de café con compañeros.
Los siguientes testigos, a petición de la defensa, fueron llamados a declarar en septiembre de 2018, es decir, dos años y tres meses después de que Sierra se quitara la vida. Fueron cuatro trabajadoras de la entidad financiera y subordinadas directas de uno de los acusados. En sus declaraciones explicaron que o no vieron ninguna situación que se pudiera considerar acoso o bien respaldaron la versión de la defensa de un conflicto laboral encuadrado en una situación de estrés de la empresa.
Una de las escasas pruebas que se han aportado a la causa es un informe médico fechado un mes antes del suicidio de Esther. En él ella requería atención psicológica refiriendo tensión en el trabajo y ansiedad. El resto de pruebas pedidas por la defensa, entre ellas informes de inspección laboral sobre la situación laboral en EspañaDuero en el momento de los hechos, fueron desestimadas y por tanto nunca formaron parte de la investigación.
Una de las circunstancias más llamativas del procedimiento es el silencio reverencial que desde el inicio de la investigación tuvo la Fiscalía pese a la gravedad del delito imputado, salvo para apoyar la denegación de las pruebas solicitadas por la acusación.
En el auto de archivo de la investigación la jueza señala en los fundamentos jurídicos que “no resultan indicios suficientes para calificar como delito los hechos que han dado lugar a la denuncia”, estimando que las conductas descritas en la denuncia “son abusivas, ofensivas y humillantes”, pero más para una “sanción disciplinaria” pero sin entidad suficiente “para justificar el reproche penal”.
La familia de Esther Sierra confía en que pese a la dificultad de su recurso la Justicia contribuya a esclarecer por completo la situación que, según su firme creencia, llevó a una joven a perder su vida de forma trágica.
