Un encuentro de ‘Defensa de la Competencia en tiempos de Crisis’

prensa Junta de Castilla y León

La Consejería de Economía y Empleo ha organizado un encuentro formativo y de difusión sobre los tribunales de defensa de la competencia como instrumentos que vigilan y garantizan el correcto funcionamiento de los mercados en clave de libre competencia.

La adversa situación económica está generando dudas sobre la eficacia en el funcionamiento de los mercados y sobre lo lícito de las relaciones entre sus operadores, lo que pone en duda el sistema de libre mercado como mecanismo para un reparto más eficiente de los recursos. Por este motivo tiene mayor valor el sistema de defensa de la libre competencia para eliminar posibles trabas y garantizando la adecuación del mercado a sus principios rectores.

En definitiva los tribunales de defensa de la competencia tienen por objetivo las relaciones económicas en comercio interior, la vigilancia de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del y la legislación sobre defensa de la competencia. De la misma forma tiene que velar por el respeto a las reglas de la competencia para evitar la instrucción y tramitación posterior de expedientes sancionadores.

En el año 2006 se crea el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León para ejercer las funciones en materia de libre competencia en la región, respetando plenamente el marco estatal.

En Castilla y León se crea un órgano de defensa de la competencia que, a diferencia de otras comunidades autónomas, no tiene personal propio adscrito, ni otro tipo de gasto estructural. Sus miembros, que no tienen dedicación exclusiva, no perciben retribuciones. Los integrantes del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, en sus distintas renovaciones, nunca han pertenecido al ámbito político, sino que se ha optado por personalidades relevantes del mundo universitario y por profesionales de reconocido prestigio e independencia.

Desde su creación el Tribunal ha tramitado más de 50 expedientes sancionadores, terminados en sanción o terminación convencional, 152 informes sobre la incidencia de la normativa y directrices de la libre competencia en distintos aspectos de la realidad económica regional, así como más de 60 consultas de ciudadanos, asociaciones y otros entes públicos y privados.

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