276 empresas con más de 7.000 trabajadores se descuelga de los convenios colectivos pactados tras la reforma laboral
La inaplicación de las condiciones laborales pactadas en convenios colectivos tras la reforma laboral aprobada en febrero de 2012 por el Gobierno del PP afectó hasta finales del año pasado a 7.051 trabajadores de Castilla y León, correspondientes a 276 empresas, que apostaron por el descuelgue, lo que supone un empeoramiento de las condiciones establecidas en los acuerdos sectoriales.
Además, desde la nueva regulación del mercado laboral se aprobaron en la Comunidad, 80 nuevos convenios de empresa, para 4.449 empleados. Sin embargo, si en 2012 había 330 convenios de empresa sobre 34.188 trabajadores, en 2016 se contabilizan 331 para 31.761, solo uno más lo que refleja el cierre de empresas junto al impulso de estos acuerdos para “degradar las condiciones de los trabajadores”.
Y es que la reforma laboral, como recuerda el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO en la Comunidad, Fernando Fraile, “abrió un agujero” y supuso un ataque directo a la negociación colectiva, ya que impulsó tres frentes para individualizar las relaciones laborales y dejarlas a la “arbitrariedad del empresario”, con la preferencia por los convenios de empresa, la facilidad para los descuelgues; y la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática de los acuerdos). “Es imprescindible que se derogue la normativa y retornar a la etapa anterior para volver a equilibrar las relaciones laborales, porque todos los cambios han ido dirigidos a degradar las condiciones laborales recogidas en los convenios y a cargarse la negociación colectiva”, dijo a Ical.
Fraile indicó que antes de la crisis y la reforma laboral, los convenios de empresa se utilizaban como vía para mejorar las condiciones de los sectoriales, y tras la modificación legislativa, se han empleado sistemáticamente para retroceder. Además, la modificación de condiciones estaba prohibida si había un convenio en vigor y ahora no, y los acuerdos sectoriales suponían un suelo, que la reforma desmoronó. Como ejemplo, precisó la variación salarial el año anterior, que fue en los convenios de sector (185, que constituyen un paraguas para 305.000 empleados de Castilla y León), del 0,55 por ciento, mientras que en los de empresas se situó en el 0,31 por ciento.
Fernando Fraile aclaró que antes de 2012 los descuelgues “no se utilizaban mucho” y sólo eran posibles los salariales y por causas económicas. Sin embargo, la reforma del PP, dijo, ampara los descuelgues de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos estatutarios incluyendo desde los complementos a las prestaciones incapacidad, a la jornada, los horarios o las vacaciones... es decir, “casi todo el convenio”. Asimismo, recalcó que las causas que se contemplan ya no son solo económicas, sino que se pueden aducir circunstancias “técnicas, organizativas y de producción”.
El portavoz sindical indicó que prácticamente la totalidad de los descuelgues, según datos sindicales, el 98 por ciento, se suscribieron para empeorar las condiciones laborales de los convenios sectoriales; lo que rompe la homogeneidad en las condiciones laborales en un mismo sector entre trabajadores y se impulsa una “competencia desleal” entre las empresas (dumpig). “Todas se descuelgan del régimen salarial y en cada caso algunas tocan también la jornada, los complementos de prestaciones por incapacidad temporal, la distribución de horarios, las vacaciones...”, dijo.
Comisiones ad hoc
Las inaplicaciones se produjeron en su inmensa mayoría, en un 80 por ciento, concretó, en empresas sin representación sindical, por lo que requirieron de la creación de comisiones ad hoc para su aprobación (antes de la reforma de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero dependían de las comisiones paritarias sino había representantes sindicales para negociar), integradas por entre uno y tres representantes elegidos democráticamente por los empleados. Asimismo, más del 70 por ciento de los descuelgues se registraron en empresas con entre uno y diez trabajadores.
En este contexto, Fernando Fraile destacó que en la mayor parte de los casos el empresario llega a la plantilla y advierte de que sino “inaplican” tendrá que despedir, y se dan casos en los que acude con el acta de la comisión ya elaborada con las nuevas condiciones, que remitirá firmadas a la autoridad laboral, porque “el trato directo con el empresario” por el trabajador, “nunca puede ser igual que a través de un representante sindical en una mediana o gran empresa, porque se impone el miedo”.
Control de legalidad
Asimismo, el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO en la Comunidad denunció que el acuerdo que se remite a la autoridad laboral no se controla en su legalidad, porque ésta “no tiene competencias” sobre el mismo. “El único requisito es registrarlo y ponerlo en conocimiento de la comisión paritaria del convenio del que se descuelga y sólo es impugnable por abuso de derecho, dolo o coacción; pero se puede engañar a los trabajadores y aunque no concurrieran las causas necesarias, no es impugnable”, dijo.
Así, constató que apenas se recurren los descuelgues en los órganos creados al efecto y precisó que en el caso de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León, sólo han llegado tres convenios desde su puesta en marcha en junio de 2014, para que resolviera las discrepancias surgidas entre la empresa y los representantes d ellos trabajadores, por falta de acuerdo en los procedimiento de inaplicación de las condiciones previstas en el convenio colectivo. Las labores consultivas de este órgano han sido mayores, con cinco consultas sobre convenio colectivo aplicable a una empresa en función de su actividad; y tres informes sobre expedientes de extensión de norma.
