A disposición judicial a más de 420 personas por contratos de trabajo ficticios
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero, y que se ha saldado, por el momento, con la puesta a disposición judicial de 422 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable. Los agentes han detenido a personas en 28 provincias españolas, entre ellas Valladolid, donde se apresó a una persona. En concreto, en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
Se estima, que el entramado ocasionó un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los Organismos correspondientes. Esta operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La operación 'Relisto' comenzó cuando los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz conocieron la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para la creación de estas empresas, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería de la Seguridad Social.
El entramado criminal investigado llegó a montar hasta diez empresas, teniendo en su haber una gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores. Se indicaba que no tenían actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que quedaba patente que se trata de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores.
Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su líder, obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas,se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo. Además, a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta, etc., cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.
Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda la geografía nacional, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas comandancias, todo ello para la puesta a disposición judicial de las 422 personas implicadas en esta operación. Ahora continúan las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí. Además, se ha procedido a la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.
