La Diputación de León emitió informes falsos a empresas de Púnica para abrir vías de negocio en Panamá con Granados

Isabel Carrasco, Alejandro de Pedro y Francisco Granados.

El segundo día del juicio ha deparado una considerable sorpresa al airearse un informe oficial de la Diputación de León que se emitió a favor de empresas de Púnica para beneficiarlas en contratos de la trama corrupta en Panamá, una vía de negocio que estaban abriendo en persona y presencialmente tanto el conseguidor Alejandro de Pedro como el propio Francisco Granados, exsecretario general del PP en la Comunidad de Madrid.

En el transcurso del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional de los presuntos actos de corrupción de la trama en la Diputación leonesa, las fiscales dieron a conocer un informe del año 2012 que De Pedro había reclamado 'ex profeso' para que la institución justicara por escrito trabajos que sus empresas en realidad no habían hecho.

Se trataba de “un concurso público que tenemos prácticamente ganado”, escribe De Pedro al entonces jefe de Prensa de la Diputación bajo mandato de Isabel Carrasco, “pero nos piden un certificado de trabajo”. El documento original lo reciben en León de manos de la compañía y sólo había que replicarlo y “con un garabato sobra”, pedía el conseguidor. E insistía en que “es un documento que no saldrá a la luz, de hecho se supone que sin vuestro consentimiento no se puede hacer, sólo es para que la alcaldesa de Panamá compruebe que si que hemos hecho ciertos trabajos”.

Dicho y hecho. Firmado por el responsable de Prensa de Carrasco, José Luis Arranz, se creó el informe que la trama pedía certificando hechos falsos, como remarcó hoy la fiscal al darlo a conocer y ratificó el cabo primero de la Guardia Civil que comparecía de testigo en el juicio a la trama.

Novasoft era la empresa de De Pedro que contaba con Granados como socio y buscaba cerrar el negocio en Panamá y la Diputación aseguró por escrito que “en colaboración” con EICO, que habían realizado trabajos tales como una campaña de comunicación en redes sociales, “captación de ciudadanos pertenecientes a los grupos de interés definidos por la entidad contratante”, “escucha activa mediante un software propio en las redes sociales” o “desarrollo del plan de comunicación online de la Diputación”.

No consta, y así se certificó hoy en el juicio en la Audiencia Nacional, que se realizaran en absoluto este tipo de trabajos ni en aquellas fechas ni antes. Con todo ello se expidió “el presente certificado de carácter estrictamente confidencial”. Se fecha el 7 de junio de 2012. Pero lo que sí consta es que la alcaldesa panameña contrató finalmente la consultoría con Novasoft y Eico con una licitación de urgencia y con su apoyo arrasó en unas primarias para concurrir a la Alcaldía.

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