Critican a la Junta de Castilla y León por una novillada con acceso a niños en la plaza de toros de León
A pesar de la poca tradición de corridas de toros en León capital, que apenas se ciñe a festejos en las fiestas de San Juan, y además con un seguimiento en descenso año tras año, la Junta de Castilla y León, de la mano de la Diputación de Palencia, ha impulsado un evento taurino en la plaza de toros, reconvertida hace años en el León Arena, consistente en una novillada a la que está prevista la asistencia de menores de edad.
Este motivo ha llevado a la Fundación Franz Weber a criticar con dureza este evento taurino, que se anuncia para el sábado 24 de febrero a las cinco y media de la tarde, con seis novillos sobre el coso leonés para ser lidiados y matados por otros tantos jóvenes novilleros, de diferentes escuelas taurinas de España, ninguna de ellas de León porque no existen. Procederán de las existentes en Palencia y Salamanca, Alicante, Guadalajara y Madrid. Se trata de un I Certámen de Escuelas Taurinas 'Ciudad de León'.
El colectivo censura que la organización de esta novillada “vulnera hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, en el sentido de no impedir asistir a menores de edad. “En esta convocatoria los 'alumnos' de escuelas taurinas podrán maltratar hasta la muerte a novillos, ante la mirada de público, que también pueden ser personas menores de edad, lo que contribuye a una doble insensibilización sobre la violencia hacia los animales”, lamentan.
Su principal crítica se dirige sobre todo al hecho de que la cita esté apoyada por administraciones públicas, por un lado la Junta de Castilla y León, cuya Consejería de Cultura ha multiplicado sus apoyos al sector desde que lo dirige Vox, y la Diputación de Palencia. El cartel anunciador no deja lugar a dudas.
Desde Franz Weber recuerdan que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con este texto que ven “muy claro” al respecto: “Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.”
En el mes de agosto de este mismo año el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas ha incluido una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”. A pesar de todo, apenas tres comunidades autónomas establecen algún tipo de restricción de entrada a las plazas de toros: Galicia, Cataluña e Islas Baleares.
La asociación cree que “en el caso concreto del entramado taurino, la protección debería abarcar su participación en escuelas taurinas, donde se pueden inscribir con tan solo 8 años y participar creando daño a animales en las denominadas clases prácticas y tentaderos”, además de afectar a la infancia como espectadores.
Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, además de censurar que la Junta de Castilla y León, cogobernada por PP y Vox, se haya “empeñado en promover la exposición a la violencia entre personas menores de edad y que, un reducido número de menores, otros puedan ejercer directamente esa violencia sobre los animales”, recuerda que esto ocurre en un contexto en el que “la ciudadanía da la espalda de forma progresiva a la tauromaquia”.
Precedentes
Esta asociación ya censuró también hace meses la implicación directa de la Consejería de Cultura de la Junta en un taller organizado en Sahagún, en la provincia leonesa, para que un grupo de niños y niñas aprendieran a confeccionar y también a clavar banderillas, como parte de las actividades paralelas de la final del Circuito de Novilladas 2023 patrocinadas por la Consejería de Cultura, un coste de dinero público de 270.000 euros. La acción crítica de la Fundación Franz Weber fue secundada además por el Defensor del Paciente, que remitió el caso a la Fiscalía.
