La asociación Defensor del Paciente achaca a la falta de un protocolo “claro” y la omisión de socorro las muertes en residencias
La asociación El Defensor del Paciente aseguró este lunes que la ausencia de un protocolo “claro” por parte del gobierno, la “falta de respuesta” de las comunidades y la “omisión del deber de socorro” contribuyeron al fallecimiento de muchos ancianos en las residencias, por la crisis sanitaria del coronavirus.
En un comunicado, la organización señaló que la Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial fue redactada el 24 de marzo, cuando el estado de alarma había sido acordado diez días antes.
A su juicio las comunidades tampoco reaccionaron, a pesar de tener competencias para ello, que no habían sido anuladas. Así recordó que podrán hacer reclamaciones por daños y perjuicios todos aquellos afectados que acrediten abandono en situación de peligro manifiesto y grave. Y será responsable quien no socorra al desamparado ni avise inmediatamente a terceras personas para que lo hagan.
En estos supuestos, añadió, se podrá exigir responsabilidad penal por omisión del deber de socorro o, en su caso, lesiones y homicidio imprudente, sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios.
“El fallecimiento de nuestros mayores también ha sido debido a la conducta omisiva del Gobierno y Comunidades Autónomas. De otra manera no se comprende que muchas residencias no hayan derivado a los ancianos a los Servicios de Urgencias”, afirmó la organización, quien recordó que no determinó de forma clara que debían ser dirigidos a los Servicios de Urgencias ante la aparición de los primeros síntomas, dado que son una población de riesgo.
“¿Cómo podían saber que no tenían más posibilidades que las personas que habían acudido a los centros sanitarios si no mediaba una exploración por parte de los Servicios de Urgencias?”, afirmó sobre que no se enviaran a los hospitales. “Suponiendo que no hubiera sitio en la sanidad pública ¿Por qué no fueron derivados a la sanidad privada si se sabía que había más de 2.000 camas libres?”, insistió.
Igualmente, la Asociación señaló que los pacientes deben saber y conocer que todos los centros públicos tienen la obligación de derivar a la sanidad privada a los pacientes críticos que no pueden asumir. “La sanidad privada no podrá rechazar la asistencia de urgencias y tendrá que reclamar los gastos al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma que haya decidido la derivación”, sentenció.
Finalmente, recordó que el paciente podrá acudir a un centro privado y reclamar los gastos al servicio de salud de la comunidad mediante dos procedimientos diferentes: reintegro de gastos o reclamación de daños y perjuicios.
