Controversia por la adjudicación del contrato de ordenadores a la Universidad de León
Polémica en un concurso público de la Universidad de León. En concreto en el de 'Suministro, entrega e instalación de equipamiento informático para aulas docentes y laboratorios' que licitó la institución académica leonesa y que adjudicó a mediados del mes de octubre a una mercantil con sede en León por un total de 407.000 euros.
Otra de las empresas que concurrió al concurso para proporcionar ordenadores, una empresa con sede en Málaga y que quedó segunda en el concurso, recurrió la adjudicación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, un órgano de resolución de recursos especiales en materia de contratación. La empresa malagueña denuncia en dos escritos, la denuncia y una posterior ampliación, presuntas irregularidades que se produjeron en la adjudicación. En concreto eleva una queja sobre las puntuaciones obtenidas por cada propuesta en el informe técnico de valoración, considerando que “las decisiones del informe técnico están vacías de contenido y que incurren en graves arbitrariedades”.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge presuntas irregularidades que suponen, a juicio de la denunciante, que la adjudicación realizada por la Gerencia de la Universidad de León incumpliría los pliegos técnicos y administrativos. Por ello piden que se anule la adjudicación y se expulse del procedimiento a la empresa que se hizo con el mismo, debido a un supuesto incumplimiento de los pliegos.
El contrato salió a licitación el pasado mes de junio con un presupuesto máximo de 484.000 euros, IVA incluido. Al mismo concurrieron un total de nueve empresas, la mitad de ellas leonesas, y finalmente fue adjudicado por 407.000 euros con IVA a la ganadora, que obtuvo algo más de un punto que la segunda empresa que ha interpuesto el recurso. El análisis del recurso ha provocado, de forma automática según la normativa aplicable, la suspensión de la adjudicación.
La resolución final del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León podría conocerse en menos de un mes, el plazo máximo en el que suele resolver sus asuntos este órgano cuyas decisiones son ejecutivas pero contra las que cabe recurso en la justicia administrativa. Este tribunal existe desde el año 2012, depende del Consejo Consultivo con sede en Zamora, y es una vía administrativa que analiza el cumplimiento de las normas en materia de contratación pública.
