Dos contratos y un informe para zanjar las polémicas 'oposiciones exprés' de la Diputación de León
Este jueves la Comisión de Presidencia y Recursos Humanos de la Diputación de León conocía en una reunión que duró más de una hora el resultado de las polémicas 'oposiciones exprés' convocadas la pasada Navidad de forma urgente para puestos de Técnico de Administración General, y cuyo procedimiento desveló iLeon.com. La ausencia de temario, número de plazas, composición del tribunal o tipología del examen, entre otras cuestiones, había elevado una oleada de críticas a la institución provincial, con numerosas polémicas en contratación en los últimos años.
En la reunión, en la que si dio explicaciones el diputado del área Raúl Valcarce, se reveló el resultado de las pruebas y se anunció la contratación de las dos primeras personas que habían quedado primeras en el examen que finalmente realizaron un centenar de personas, aunque no sabían que se iba a producir dado que en la bases no se especificaba el tipo de prueba. Es la primera vez que se explican estas contrataciones por la vía urgente pese a que cinco días antes de que se aprobaran las bases hubo otra reunión de esta comisión.
Además se presentó un informe, al que ha tenido acceso este periódico, firmado por la funcionaria Jefa de Recursos Humanos en funciones María Montserrat García Alonso, en el que se avala la convocatoria y se explica el procedimiento nunca antes informado más que en una reunión con los sindicatos en el mes de octubre, que esgrime para justificar que lo conocían antes las críticias elevadas por sindicatos como SIAP, USO o Comisiones Obreras tras publicarse las 'oposiciones exprés'.
En concreto la funcionaria, que accedió el puesto con el actual Equipo de Gobierno tras una baja de su anterior responsable, asegura que “no puede sino concluirse que el procedimiento excepcional utilizado para la cobertura temporal y urgente de los dos puestos de TAG que son necesarios, es adecuado a las urgentes necesidades que los Servicios se han planetado”. Para la Jefa de Recursos Humanos “el proceso selectivo se ha realizado y desarrollado con la máxima transparencia y con todas las garantías del cumplimiento de los requisitos básicos que deben regir los procesos de acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
El informe justifica el uso del procedimiento de contratación y explica que el alto número de categorías profesionales de la Diputación de León, con 85, supone que haya 55 bolsas de trabajo de las que 22 se encuentran agotadas. Precisamente el agotamiento de la bolsa de Técnico de Administración General ha sido uno de los argumentos usados por el Equipo de Gobierno del PP para justificar la convocatoria navideña. Y justifica que no se convoquen todas las bolsas agotadas en la falta de personal ,precisamente, en el área de Recursos Humanos de la Diputación.
Entre los argumentos usados por la responsable de contrataciones es que no se trata de una 'oposición' sino una mera contratación y que a la misma se dio publicidad en el Tablón de Anuncios y Web de la institución provincial, lo que considera cumple con los requisitos constitucionales de igualdad, mérito, concurrencia, capacidad y publicidad.
Lo que no explica en ningún momento del informe la funcionaria García es la ausencia de temario, el número de plazas disponibles, la composición del tribunal o el tipo de procedimiento de selección en la convocatoria, que firmó el diputado provincial Raúl Valcarce el 20 de diciembre, y que precisamente han centrado las críticas a la convocatoria. Ni una sola línea dedicada a explicar la singular convocatoria que ha levantado tanta polémica dentro y fuera del Palacio de los Guzmanes.
La Diputación ha usado el mismo método urgente para la contratación de un analista programador para el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación y de una arquitecta para el Servicio de Cooperación en los últimos meses.
Las dos personas que han obtenido la máxima puntuación de las polémica 'oposiciones exprés' navideñas serán contratadas en el Servicio de Derechos Sociales y en el de Contratación y Patrimonio.
