Concentración contra la privatización ferroviaria
En la concentración de los sindicatos ferroviarios a las puertas de la antigua, y en desuso, estación de Renfe en León han manifestado su temor a ser la siguiente víctima de un “decretazo” del gobierno de Rajoy que haga perder la condición de servicio público al sector, y denuncian que afectaría a trabajadores y ciudadanos por la pérdida de conexiones de zonas poco pobladas al imponerse el criterio de rentabilidad.
En un comunicado conjunto emitido por los sindicatos convocantes de una concentración delante de la antigua estación de León consideran que el ferrocarril lleva en reconversión “desde hace 25 años”. Denuncian los sindicatos que se han cerrado líneas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de clientes, “abandonando a las empresas y ciudadanos de las poblaciones afectadas que se quedan sin su medio de transporte público propiedad de todos”. Creen que se han clausurado servicios fundamentales para el desarrollo de la economía básica, como son el vagón disperso y la paquetería, sin ofrecer alternativa alguna a la mercancía, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y clientes, “regalando todo el negocio, público propiedad de todos, a las empresas privadas de transporte por carretera”.
Los sindicatos critican duramente las reorganizaciones que se han efectuado en el sector, que consideran que han provocado “incongruencias de funcionamiento, incompatibilidades entre las partes, multiplicación de los gastos de explotación, llegando a fraccionar la Red Nacional de Ferrocarriles en dos empresas diferentes, por sugerencia de los socios europeos que no lo han hecho en sus países y que hoy pueden ser los que en mejores posiciones estarían a la hora de comprar los cachos que nos quedan de la Red Nacional”.
En una crítica a los gobierno de PP y PSOE consideran los sindicatos que las medidas adoptadas han llevado a que los resultados del ferrocarril en España, en relación con otros medios, sean los peores de su historia, y por eso propongan ahora la privatización como solución. “Los que han abandonado el transporte regional de viajeros; los que han hundido el transporte de mercancías por ferrocarril; Los que establecen tarifas elitistas en la Alta Velocidad, ahora quieren vender las líneas y los trenes. ¿Para qué? Para lo de siempre: Perder puestos de trabajo, perder clientes, perder economía y privar a la ciudadanía de su propiedad” indican en el comunicaco conjunto.
El ferrocarril en León
Los sindicatos ferroviarios consideran que se soportan las consecuencias en la actualidad y “sufriremos en el futuro si no se detienen y modifican las intenciones previstas”. Califican al centro rector ferroviario del noroeste de España como “una estación fantasma en la que crecen las malas hierbas entre los andenes que un día bullían de viajeros y mercancías” ya que los trenes de Feve ya no llegarán nunca más a la ciudad de León, los talleres en los que se reparaba y fabricaba todo tipo de material ferroviario sufren un importante deterioro, con unas plantillas testimoniales y unos medios escasos y usados hasta su límite.
En el comunicado conjunto cargan contra los directivos que quieren privatizar el ferrocarril, que “son los que tienen parados sin usar los trenes nuevos recién comprados, mientras que para ir a Ponferrada, Valladolid o Gijón lo hacemos en unos pocos trenes con más de treinta años en sus ruedas, horarios incompatibles con el comercio, la educación o la administración y por si fuera poco tardando más que hace veinte años”. Creen que los directivos que quieren privatizar el ferrocarril son los que compran unos trenes y luego, sin estrenarlos, los venden por la mitad de su precio. Denuncian que esos mismos directivos son los “que alquilan edificios enteros para oficinas, pisos céntricos para gerencias, monumentales casas prefabricas para Seguridad, plantas enteras para formación etc, etc, mientras tienen vacíos y abandonados locales inmensos como el antiguo economato, edificios como la Unidad de Ferrocarriles, la Escuela de aprendices o la estación de clasificación”.
Consideran los sindicatos que las decisiones de actuación sobre el transporte ferroviario deben provenir de la base del transporte, los ciudadanos y las empresas “que vertebran la economía y no de la interpretación subjetiva que los dirigentes políticos hacen de las directivas europeas”. Para ellos independientemente de los operadores ferroviarios privados, de las asociaciones patronales del transporte por carretera y de cualquier otro medio, marítimo o aéreo, el transporte ferroviario público no solo debe continuar en propiedad de los ciudadanos, como la sanidad o la educación, sino que debe unificarse, evitando duplicidades, actuando el Estado como garante de su universalidad, eficacia y servicio a la Nación.
Por ello rechazan cualquier intento de privatización del sector ferroviario y apuestan por el carácter público de Adif, FEVE y Renfe Operadora, por la prestación de Obligaciones de Servicio Público, por la seguridad en el ferrocarril, por el mantenimiento del empleo y la no fragmentación de las empresas.
