Competencia multa con 118 millones a 15 empresas por repartirse obras en la red ferroviaria convencional y del AVE
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 15 empresas y 14 directivos por repartirse supuestamente de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad, según informó de ello la institución con una nota de prensa.
Según la CNMC, durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros.
La sanción, recurrible, indica que estas empresas crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos: uno para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; otro para manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional; y el tercero para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
De las 15, cuatro de ellas Cobra, Semi, Cymi y Electren acumulan más de 50 millones de multa (casi la mitad) recibiendo una sanción de 27,2 millones la primera, 20,3 la segunda, 4,4 la tercera y 3,1 la cuarta. Se da la casualidad de que todas ellas son propiedad de ACS, presidida por Florentino Pérez. Esto indica la posición dominante que tiene en el sector el grupo ACS, llegando a presentar estas cuatro empresas —que aparecen en todas partes como independientes— la mitad de las ofertas en cada concurso que se licita, pero es el mismo grupo y sobre la que la CNMC no ha actuado ni siquiera ahora pese a estar ejerciendo una posición dominante.
Cártel para la electrificación del AVE
En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.
“Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria. Son de destacar los denominados acuerdos 'micro-macro', en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación”, apunta el comunicado.
Cártel para la electrificación del tren convencional
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia colusoria en los concursos en líneas de tren convencional se remontan al año 2002. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por RENFE para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron 'ranking'.
Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales.
Los acuerdos se mantuvieron estables durante todo el tiempo como consecuencia, entre otros motivos, de la facilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y a los cambios en las licitaciones realizados por ADIF.
La empresa con sede en León Telice sale en el listado con 600.000 euros, la tercera que menos de las 15 nombradas por la CNMC, y ha explicado en un comunicado que no entiende el por qué de la sanción si “ningún directivo o propietario de la empresa aparece siquiera mencionado en el extenso expediente de la investigación” (y ninguno recibe sanción personal).
Para la compañía tecnológica leonesa “Telice habría sido, en todo caso, perjudicada por la existencia de ese cártel durante sus 14 años de existencia”. “Lamentablemente la CNMC ha decidido, una vez más, hacer honor a su ya larga tradición de errores que son posteriormente enmendados por los tribunales. Agotaremos todos los mecanismos legales para reparar esta lamentable y desafortunada resolución. Telice no ha formado parte de ningún cártel”, asegura contundentemente.
Cártel para la electromecánica del AVE
En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor.
Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado 'Follo Line', que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.
La CNMC ha activado el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración, por lo que se remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos. Hay que destacar que la CNMC ha decidido eximir del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, se reduce en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros).
La investigación de los cárteles y del fraude en la contratación pública son prioridades de la actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello, cuenta con un buzón de colaboración ciudadana.
La CNMC cuenta con el Programa de Clemencia, mediante el que la empresao los directivos que hayan participado en un cártel pueden aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.
