El Colegio de Procuradores de León avisa de que el Plan de Agilización de la Justicia provocará medio año de retrasos
El Colegio de Procuradores de León advierte de que las medidas tomadas por el Gobierno para arrancar la Justicia de nuevo tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus pueden ser más perjudiciales que beneficiosas y muestra “su más absoluto rechazo” porque, “el poder materializar las sentencias” o cobrar lo establecido en las resoluciones judiciales “se va a dilatar como mínimo medio año”, criticando que, irónicamente, “el Ministerio de Justicia ésto lo contempla como agilización de la misma”.
“Desde la declaración del estado de Alarma hace casi dos meses, los plazos procesales y las vistas se encuentran suspendidas y por tanto la justicia totalmente paralizada; salvo para materias declaradas esenciales, que son reducidas”, indica el Colegio de Procuradores leonés. “Cuestión difícil de entender y aún más difícil de explicar al justiciable, en una Administración que presume de su nivel de informatización, del 'papel cero'; y que tiene a su disposición diez mil procuradores, profesionales con sus despachos perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías y que no están de vacaciones. Si era difícil de entender y de explicar, ahora que se ha prorrogado el estado de alarma por cuarta vez llega a ser incomprensible”, asegura en un comunicado emitido por esta institución.
“Llegados a esta situación se pretende salir de la misma con medidas contradictorias que van en contra de la agilización, sorprende que se recoja como una solución estrella para acelerar la justicia, que cuando finalice el Estado de Alarma, en el computo de los plazos suspendidos se ponga el contador a cero, no teniendo en cuenta los días ya transcurridos cuando sobrevino esta situación; y para mayor ironía en aquellas resoluciones susceptibles de finalizar el procedimiento si no son recurridas, el Decreto Ley de Agilización de la Justicia, duplica el plazo para recurrir”, continúa la nota enviada a los medios de comunicación.
Por todo ello prevé como “consecuencia para el justiciable” que “sus expectativas judiciales, el poder materializar (entre otras, cobrar) lo establecido en sentencia se van a dilatar como mínimo medio año”, criticando que “esto el Ministerio de Justicia lo contempla como agilización de la misma”.
“Absoluto rechazo” a las medidas del Gobierno
Por todo ello, los procuradores de justicia leoneses, muestran “su más absoluto rechazo a las medidas de agilización de la justicia adoptadas por Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, pues en contra de lo manifestado por el Ministerio de Justicia, las mismas no han sido consensuadas por los profesionales que a diario prestan su servicio a los ciudadanos en los Tribunales de Justicia, procuradores, abogados y graduados sociales”.
“Como bien conocen los ciudadanos y como este colectivo viene sufriendo y denunciando desde hace años, la Administración de Justicia sufre graves problemas, que la actual crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar. La situación de colapso que estamos viviendo se habría visto muy aliviada ésta se hubiera dotado, a tiempo, de los medios humanos y materiales necesarios para que el teletrabajo se hubiera podido desarrollar”, exponen.
Críticas a la apertura de los juzgados en agosto
“Poco podemos decir que no haya sido ya reivindicado, desde el Consejo General de Procuradores de España y desde otros colectivos de profesionales, sobre la habilitación de 21 días del mes de agosto –que quedan reducidos a 15 días hábiles– para agilizar el parón de la Justicia. Cualquier profesional, cualquier operador jurídico, cualquier ciudadano que haya tenido relación con la justicia sabe que es imposible que en medio mes de agosto se vaya agilizar un retraso de años, agravado por estos dos meses”, censuran.
Para el Colegio de Procuradores de León sería más “eficaz concentrar en agosto, respetando servicios esenciales, las vacaciones estivales de jueces, Letrados de Administración de Justicia y demás funcionarios de la Administración judicial, lo que hubiera evitado la ralentización de los juzgados durante los meses de junio, julio y septiembre; ralentización que año tras año sufren ciudadanos y profesionales. Sin olvidar que procuradores, abogados y graduados sociales no pueden ser privados de su derecho al descanso y a la conciliación de la vida familiar y profesional”.
“Por todo ello solicitamos del Ministerio de Justicia que, con el consenso de los profesionales que a diario prestan su servicio a los ciudadanos en los Tribunales de Justicia, procuradores, abogados y graduados sociales, adopte medidas organizativos y normas que, de un modo eficaz, permitan la rápida recuperación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales –dotando urgentemente de las medidas de protección y teletrabajo a los funcionarios–y una salida rápida de la acumulación de procedimientos suspendidos”, termina reclamando su nota informativa.
