La CNC multa con 1,6 millones a tres empresas del sector del asfalto en León

Efe

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con más de 1,63 millones de euros a tres empresas con sede en la provincia de León por haber alcanzado acuerdos para repartirse el mercado de asfaltos y otros productos empleados en la pavimentación de carreteras y calzadas.

La cifra total de la sanción es de 1.638.845 euros, a repartir entre las empresas Asfaltos Vidal Ferrero (595.154 euros), Aglomerados León (479.446) y Teconsa (564.245).

En total, la CNC ha multado con más de 16 millones de euros a doce empresas, ocho de ellas con sede en Castilla y León, concretamente en León, Burgos, Palencia y Valladolid, algunas de las cuales ya habían sido sancionadas con anterioridad y a las que ha impuesto una sanción total de 3,6 millones de euros.

En concreto son 866.535 euros para Campezo, en la provincia de Palencia; 294.117 para Tebycon, 82.476 para Conalvi, 524.644 para Gehorsa, en Burgos; y 238.904 para Collosa, en Valladolid, además de las ya citadas en la provincia leonesa.

Según la CNC, los acuerdos de reparto del mercado de las mezclas bituminosas en caliente y de productos relacionados se llevaban a cabo mediante la fijación de cupos entre los participantes del cártel, el intercambio de información sobre obras y clientes para su posterior reparto o el establecimiento de tarifas base para los productos y los servicios.

El organismo también destaca prácticas anticompetitivas entre estas empresas para repartirse las obras a ejecutar, así como el control sobre las plantas de asfaltos del área de influencia de cada una de las compañías.

Estos acuerdos implicaban el reparto geográfico del mercado para que fuera estable, de forma que se respetasen las zonas, sin entradas de operadores de una a otra, ni respuestas a peticiones de ofertas de demandantes de áreas limítrofes sin contar con el asentimiento y con los precios que imperaban en la zona del demandante.

Según la CNC estas políticas se han constatado en León, Burgos y el País Vasco en el periodo que va desde febrero de 2007 hasta octubre de 2009, aunque es “muy probable” que se hayan extendido a otras zonas.

El expediente se inició en diciembre de 2009 cuando, tras haber realizado varias inspecciones, la CNC detectó que algunas empresas habían incurrido en posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de precios en estos mercados.

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