Cien extranjeros piden asilo en León en los últimos siete años

“El ser humano es un ser un humano aquí y en otro lugar. Todos sentimos lo mismo; tenemos frío, hambre, pensamos y sufrimos”. Una reflexión en clara alusión al trato que reciben estos días los miles de refugiados a las puertas de Europa que huyen del infierno de sus países y buscan el paraíso. Y quien lo dice sabe bien de lo que habla porque Rosaliano Riascos es un activista social que se vio obligado a abandonar Colombia tras sufrir varias amenazas de muerte y salir vivo, de milagro, en un tiroteo. Una situación que le empujó a abandonar su comunidad del municipio de Buenaventura y llegar a España en 2011 dentro del Programa de Protección Temporal de Derechos Humanos de Amnistía Internacional para vivir en León y, posteriormente, obtener el permiso de refugiado. Riascos es uno más de los 200 extranjeros que han solicitado el asilo en la Comunidad Autónoma desde el año 2007.

La provincia de León, precisamente, concentra junto a Burgos la mitad de las peticiones de asilo en la Comunidad Autónoma entre los años 2007 y 2014. De las 200 solicitudes de los inmigrantes para obtener la autorización de residencia española en Castilla y León durante ese periodo, un total de 52 procedió de León y otras 49 de Burgos, seguidas de las 33 contabilizadas en Salamanca y las 29 de la provincia de Valladolid. La lista se completa con las diez solicitudes cursadas en Palencia; nueve, en Segovia y Soria, además de las siete registradas en la provincia de Zamora y solo dos en Ávila.

Los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a los que ha tenido acceso la Agencia Ical, constatan que Castilla y León es una de las últimas opciones para los inmigrantes. Basta el ejemplo del año 2014 cuando varias provincias de la Comunidad aparecieron en la lista con menos solicitudes. Fueron los casos de Ávila que solo tuvo una petición o las dos de Segovia y Palencia. Una tónica que se repite en los últimos ejercicios porque en 2013 Soria y Segovia, junto a Badajoz, fueron las únicas provincias de España sin solicitudes.

Rosaliano Riascos recibió asilo y protección en León al cumplir con la condición de refugiado que recoge la Convención de Ginebra al existir “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Era un líder de la comunidad afroamericana en Colombia que defendía los derechos básicos de su pueblo y la titularidad de las tierras que cultivaban.

Matanza en 2000

Pero todo cambió la madrugada del 11 de mayo de 2000 cuando un grupo de paramilitares irrumpió en la aldea de Buenaventura que sacó a sus vecinos, a la fuerza, de sus casas para reunirlos en la plaza. Comenzaron a asesinar a los líderes de la comunidad y a estudiantes. “Me asignaron el número 6 para matarme”, apunta, para posteriormente guardar silencio y tragar saliva. “Luego, comenzaron a disparar y la persona que estaba al lado se desplomó sobre mí. Entonces, recibí el impacto de una bala en la rodilla y otra en el hombro por lo que perdí el conocimiento y los paramilitares me dieron por muerto”, relata. Se libró de una matanza de 13 personas.

Tras ese incidente, abandonó Buenaventura pero también su vida, su trabajo y su sustento. No ha vuelto desde entonces pese a residir otros once años en Colombia, en concreto en la capital Bogotá, antes de viajar a España. Ni siquiera para dar su último adiós a su madre y abuela que fallecieron hace unos años, ni para ver a su hijo mayor.

La vida de Rosaliano es una historia de valentía porque, pese a estar amenazado de muerte por los militares y sufrir ataques de instancias del Gobierno colombiano, continuó con sus reivindicaciones en favor de la comunidad afroamericana y que sus derechos fueran reconocidos en una constitución nueva del país, al igual que otros pueblos indígenas.

Riascos denuncia la situación que vivió durante años en Bogotá. “Contábamos con el apoyo de las instituciones pero la propia administración nos acosaba” al reconocer que las masacres fueron dirigidas por militares del Estado. “Hemos perdido tanta gente que un día tiene que haber justicia”, sentencia. Y es una justicia que ahora persigue con la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, que aúna a más de 300 personas desplazadas, muchas de ellas como refugiados.

“Una justicia que también debe servir para que mis hijos y mis nietos sepan el motivo de la salida de nuestro país y por qué hemos pasado frío y hambre”. Una huida que le llevó a España, donde su mujer y dos hijos le esperaban desde 2006. “Salieron de Colombia al sentirse perseguidos y querían vivir con libertad y tener alguna oportunidad para trabajar”, afirma. Una vez en León y mientras estaba acogido al plan de Amnistía Internacional solicitó la condición de refugiado que le fue aprobada en diciembre de 2012. Pero otra lucha continuaba.

“Ser refugiado me hacía sentir raro. Por un lado, parece que te discriminan por tener esa etiqueta pero, por otro, tienes ciertos derechos”, apunta. Rosaliano cita, por ejemplo, el permiso de residencia y trabajo durante cinco años. Al principio, tuvo una ayuda para pagar el alquiler de su vivienda en León durante ocho meses y para manutención y ropa gracias a Accem León, a la que muestra una gran gratitud por el apoyo recibido.

Del paraíso al infierno

Pero eso acabó y el paraíso que ansiaba se tiñó de infierno porque en su estancia en España aún no le ha “dado la oportunidad de trabajar” y el negocio de montar una tienda se fue pronto al traste. Y ahora, con 58 años y con una minusvalía en la rodilla del disparo, es consciente de la dificultad para encontrar un empleo y su familia sobrevive con los ingresos de su mujer que cuida a una persona mayor.

La crisis económica se ha cebado con Rosaliano, al igual que otros miles de españoles, pero su caso es especial porque está a 8.000 kilómetros de distancia de su Colombia natal. “Nunca pensé que iba a vivir esta situación porque yo tenía un trabajo en la Alcaldía del pueblo, contaba con mis negocios y mi tierra, con lo que me levantaba la comida para mi familia”, recuerda. De ahí que no descarte regresar a su país porque, entre otros motivos, se siente “débil, con la moral por el piso”. Preguntado por si no teme por su vida al regresar, responde con desolación: “Huyes para proteger la vida pero sabes que algún día vas a morir”. Eso sí, reconoce que ya no hay grandes masacres en Colombia pero continúan los “asesinatos colectivos”.

Y todo esto, ante la mirada atenta de su hijo Juan José, de 12 años, que escucha el calvario de su padre al que considera “un valiente”. Riascos se ríe pero recupera el hilo y apunta: “Allí están mis raíces y allí puedo exigir que soy víctima de la violencia. Aquí no”. Entonces, recuerda, de nuevo, las tristes imágenes de los refugiados en Europa del Este pero también las de los africanos que tratan de cruzar el Estrecho. “Cuando uno ha vivido eso, se solidariza con el conocido y el vecino pero también con el desconocido que huye de una guerra o de la miseria”, sentencia.

Rosaliano echa la vista atrás y reflexiona sobre la situación “complicada” que le tocó vivir a España hace años. “Esa gente solo busca una oportunidad y trabajar para tener un techo para su familia. Pero cuando no consigues un bienestar y solo encuentras represión y oyes hablar de cuotas, la decepción es enorme”, asegura. Y es que, sentencia, se trata de Europa, un continente con prestigio donde el respeto a los derechos humanos debería estar asegurado.

Solidaridad

El coordinador regional de Accem, Daniel Duque, se queda con las muestras de solidaridad de la sociedad aunque, dice, los dirigentes de los países europeos han tenido que ver la imagen del niño sirio muerto a las orillas de una playa turca para despertar sus conciencias. “Sin duda, ha sido el detonante”, sentencia. Destaca a Ical la movilización de numerosas ciudades de la Comunidad con deseo por acoger a refugiados pero precisa que no hay que olvidar que las competencias sobre inmigración y protección internacional corresponden a Europa y al Ministerio del Interior.

Duque destaca que los ayuntamientos pueden ayudar a los refugiados en materias tan importantes como la educación de sus niños, el empadronamiento, el aprendizaje del idioma, el empleo y la vivienda. “La iniciativa de las familias de acoger a solicitantes de asilo es muy loable” pero deben ser conscientes que requieren de recursos y proyectos paralelos. También menciona que la ONG con experiencia con el colectivo de refugiados presta atención jurídica y psicológica a estas personas.

La petición de protección en forma de acogida en España, y por tanto la no devolución a sus países de origen en virtud de la Convención de Ginebra, ha repuntado con la aparición de conflictos armados como el de Siria. Un dato que, tal vez, esté relacionado con que el año pasado uno de cada cuatro solicitantes de refugio en España (28 por ciento) procediera de ese país. Tras cuatro años de guerra civil, más de la mitad de la población siria ha debido abandonar sus hogares: tres millones y medio de personas refugiadas y seis millones y medio de personas desplazadas dentro de las fronteras del país. Es decir, una crisis de refugiados en toda regla.

En todo caso, Castilla y León es una de las comunidades con escasa demanda de asilo. Las peticiones se concentran en las grandes capitales como Madrid (1.861 solicitantes en 2014), Barcelona (690) y Valencia (473) y las zonas próximas a la frontera del sur como Melilla (539), Ceuta (392) y Málaga (221). En todo caso la Comunidad están por delante de otros territorios como La Rioja (ninguna a lo largo del año pasado), Extremadura (cinco), Galicia (15), Baleares (18), Navarra (26), Asturias (36), Cantabria (47) y Castilla-La Mancha (51). Además de los 53 solicitantes de protección internacional en la Comunidad en 2014 hay que sumar las 24 peticiones de apatridia.