CCOO y UGT exigen un incremento en la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía autonómica

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, respectivamente, exigieron este viernes un modificación de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que incremente su cuantía para permitir a sus beneficiarios salir del umbral de la pobreza, fijado en 663 euros; y acoja a todos los colectivos susceptibles de recibir este derecho subjetivo, que tendría que alcanzar a 85.000 personas, con un desembolso de 433 millones. Además, reclamaron que se simplifiquen los trámites burocráticos para su obtención y se haga compatible al resto de prestaciones.

Las organizaciones celebraron hoy una jornada en Valladolid, en la que intervinieron el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, y el Procurador del Común, Javier Amoedo, donde plantearon sus propuestas para mejorar esta prestación. Afirmaron los dirigentes sindicales que las negociaciones ya se han abierto, con la primera reunión de la mesa del Diálogo Social sobre esta materia, en la que, afirmó Prieto, detectaron “buena voluntad” del Ejecutivo regional, para acometer mejoras. “A ver hasta dónde llegamos”, dijo.

Prieto destacó los logros alcanzados en esta prestación, que ha pasado de 27 millones en 2010 a 60 este año, aunque constató que todavía es “totalmente insuficiente” para cubrir las necesidades en la Comunidad. En este sentido, recordó que 91.000 menores están al borde de la pobreza, y 10.000 están en pobreza extrema; hay 207.000 parados, el 60 por ciento sin prestación; y 140.000 trabajadores están en el subempleo. “Pobreza y desigualdad no se erradican con caridad sino con derechos”, razonó.

El dirigente ugetista expuso, al respecto, que en 2014 se llegó a 19.000 titulares, con 44.000 beneficiarios, ya que el 60 por ciento tenía unidades familiares; y 10.000 menores estuvieron implicados. “La Renta Garantizada de Ciudadanía es más necesaria que nunca”, enfatizó.

Sin embargo, insistió en que se debe seguir fortaleciendo y recacló que debe ser compatible con cualquier otro tipo de prestación, para que pueda complementar los subsidios y pensiones que no lleguen a los 426 euros que otorga.

Asimismo, insistió en que es preciso elevar la cuantía económica, ya que 426 euros “no permiten salir del umbral de la pobreza”, que está fijado en los 663 euros, dijo. Aseveró que aunque se mejore, también es preciso buscar fórmulas de control eficaces. En cuanto a los trámites burocráticos, lamentó que la Administración regional contemporiza estas ayudas para ajustarlas a los presupuestos, cuando “se trata de un derecho subjetivo que debería atender a la totalidad” de beneficiarios que cumplieran con los requisitos.

Ángel Hernández aclaró que en la ampliación de colectivos su reto es incluir la prestación desde los 18 años, cuando ahora está a partir de los 24. Asimismo, constató que pretende poner en marcha dentro de esta ley o con una nueva, otro derecho subjetivo de una renta específica para el acceso a vivienda de alquiler.

El líder de CCOO en Castilla y León precisó que el año pasado la renta garantizada beneficio de media mensual a 10.763 personas, con un desembolso de 61,5 millones de euros. Ángel Hernández también indicó que la jornada sirvió para insistir en su iniciativa legislativa popular para reclamar en España, una renta básica estatal, complementaria a la de Castilla y León. En este sentido, comentó que con esta prestación se llegaría a cubrir en la Comunidad, las necesidades de 85.000 personas, con un desembolso de 433 millones de euros.

Así, razonó que si su reivindicación fuese maximalista a la Junta, aunque “de justicia”, el Ejecutivo autonómico debería aportar 370 millones de euros más para cubrir toda la población objetivo. “O se ingresan vía impuestos o se quita de otras partes”, dijo, para agregar que “lo más razonable es que llegue a través de una normativa estatal”.

Prieto comentó al respecto que si se pusiera en marcha esta normativa estatal, estaría dotada con 11.000 millones de euros en España, el uno por ciento del PIB, y llegaría a 2,1 millones de personas, 150.000 de Castilla y León, siempre para complementar la autonómica.