Carrasco convierte el aniversario en una defensa a ultranza de las diputaciones

XXXIII Aniversario de la Constitución Española

I.R.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ha aprovechado su discurso con motivo del acto de aniversario de la Constitución de 1978 para ensalzar la labor de las diputaciones. “Es de justicia, sólo por respeto y consideración con los millones de ciudadanos que residen en el medio rural, no despreciar gratuitamente la tarea de atención, cooperación y asistencia que la institución provincial realiza con las entidades menores en busca del bienestar que se merecen nuestros pueblos”, ha argumentado.

Consciente del actual debate sobre el papel que deben jugar las diputaciones y tras ensalzar los valores que inspiraron la Carta Magna, la presidenta realizó un repaso histórico sobre la ordenación del territorio desde la división provincial de España acometida en 1833 por Javier de Burgos hasta nuestros días, pasando por la Constitución de la que hoy se cumplen 33 años y que cuando nacía, jugaban “un papel decisivo en la construcción del actual Estado autonómico”.

“No puede ser que, en vez de saldar la deuda histórica que nuestra Democracia tiene con el poder local, se aproveche la reorganización de la administración pública en España para eliminar las diputaciones”, ha criticado Carrasco, a lo que ha añadido que la crisis no puede ser una excusa.

“Nadie discute la necesidad de hacer más ágiles las diputaciones, de que no gasten lo que ya gastan otras administraciones; de que aclaren su funcionalidad, su forma de trabajar”, ha reconocido la popular. Pero ha advertido de que “su modernización es perfectamente compatible con mantener su nunca suficiente reconocido papel de apoyo a los pequeños pueblos y sus vecinos”.

Carasco ha mostrado su intención de adaptarse a los nuevos tiempo, pero nunca de desaparecer. “El objetivo es que la Diputación cohabite en la nueva estructura administrativa. La solidaridad y equidad al repartir en forma de servicios lo que se recauda de la propia sociedad, obliga a defender la Diputación para llevar a las pequeños poblaciones los servicios básicos exigibles en la España del Siglo XXI”.

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