El fiscal pide investigar a los directivos de Caja España-Duero
La Fiscalía de León ha pedido que se investigue a los miembros de los consejos de administración de Caja España y de la comisión ejecutiva de Caja Duero hasta su fusión y a los directivos del Banco Ceiss (Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria) a partir de ella por entender que podrían haber cometido un delito de “administración desleal”. El fiscal solicita a través de la notificación, de fecha 20 de mayo, que el juez decano nombre un juez de instrucción para que incoe “diligencias previas y se practiquen para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Se responde así a una denuncia realizada el 15 de noviembre de 2011 por el coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, quien este jueves ofreció una rueda de prensa en Valladolid para informar sobre el paso de la Fiscalía. González argumentaba en su denuncia que diferentes consejeros de las cajas de ahorro de la comunidad “han intervenido de forma decisiva en los consejos de administración a fin de obtener créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados”. También argumenta que algunos de ellos recibieron “condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos”.
En la denuncia de IU se apuntaba concretamente al ex presidente de Caja España, Santos Llamas; el ex alcalde de León y vicepresidente segundo, Francisco Fernández; el ex director general de la Caja, Ignacio Lagartos y al consejero Javier Ajenjo. En el caso de Caja Duero, señalaban también a Francisco Rubio Garcés, consejero y vicepresidente tercero de Caja Duero. Se habla también de Caja Segovia, concretamente de su ex director general Manuel Escribano, pero según manifestó este jueves González, la Fiscalía de dicha provincia todavía no se ha pronunciado.
Este tipo de delitos a los que se alude en la denuncia están tipificados en el Código Penal y se contempla para ellos penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de multas que podrían triplicar el beneficio obtenido.
El coordinador de IU manifestó sentirse “orgullos por haber cumplido” con su “deber”, aunque también “preocupado” por el hecho de que haya dirigentes en entidades financieras que puedan verse involucrados en una situación de estas. González recordó que antes de presentar la denuncia invitó durante un pleno al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a presentarla juntos. González aseguró que este se comprometió pero no cumplió. Por ello ahora el líder autonómico de IU espera que sea el presidente de la Junta quien se persone ante los jugados. “Si no, será de nuevo IU, pero nos gustaría que el que ha sido elegido para defender a los ciudadanos también ejerza como presidente de sus derechos y de la justicia de esta comunidad”.
