La Audiencia Provincial juzga a dos hermanos por abuso sexual continuado a un varón con discapacidad en Astorga

Carlos S. Campillo/Ical. Juicio en la Audiencia Provincial de León por el asesinato del boxeador Roberto Larralde.

La Audiencia Provincial de León juzga este lunes 6 y miércoles 8 de junio a dos hermanos, V.L.A. y M.L.A., por dos presuntos delitos de abuso sexual continuado y abuso sexual continuado con acceso carnal, a un varón de 26 años con un 59% de discapacidad a lo largo de seis meses en Astorga. La Fiscalía pide para ellos 3 y 8 años de cárcel, diez años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante seis años después de la condena de prisión y una indemnización económica de 6.000 euros, además de pagar la factura de 101,41 euros a Sacyl por evaluar al agredido.

V.L.A y M.L.A, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, conocieron a la víctima en el estanco de uno de ellos al que el joven de 26 años acudía frecuentemente a comprar tabaco. Entre los meses de abril y septiembre de 2018, entablaron amistad con él, hasta el punto de invitarlo a una finca suya con una caseta, animales y colmenas, donde empezaron a ir a pasar las tardes, y al domicilio de uno de ellos.

V.L.A y M.L.A, conocedores de la discapacidad de la víctima, iniciaron una relación de confianza con él, escuchaban los problemas familiares que tenía y le daban consejos. Al mismo tiempo, empezaron a utilizar la información que les daba para mantener relaciones íntimas con él. Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, se masturbaban hasta eyacular “diciéndole que era bueno para tener hijos y para que estuviera relajado en casa y no tuviera problemas con sus padres”, practicaban felaciones y, en una ocasión, V.L.A. intentó penetrarlo analmene a lo que la víctima se negó sin que V.L.A. insistiera.

En el mismo documento, la Fiscalía aduce que el “retraso mental leve” del joven “hace que su consentimiento para poder mantener relaciones sexuales esté viciado al no ser capaz de comprender las consecuencias de tales actos”, si bien se reconoce que “no consta que por estos hechos la víctima sufriera menoscabo físico”.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide para ellos unas penas de 3 y 8 años de cárcel por la comisión de los presuntos delitos de abuso sexual continuado y abuso sexual continuado con acceso carnal, la prohibición de acercarse a una distancia inferior de 500 metros durante seis años después de que se cumpla la pena de prisión, libertad vigilada durante 10 años, una indemnización conjunta y solidariamente de 6.000 euros y los costes de 101,41 euros de Sacyl por la asistencia prestada.

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