La Audiencia Nacional suspende el juicio del Caso Púnica unos días para que valgan las nuevas pruebas de la Fiscalía
Continuará el juicio del Caso Púnica en su relación con la posible corrupción que afectó a León y a la Diputación provincial pero habrá un 'frenazo' de algunos días precisamente para asegurarse de que pueda continuar sin que las defensas de todos los acusados puedan dejar de argumentar “indefensión”, que es en lo que coincidieron hoy todos los letrados, pidiendo al Tribunal de la Audiencia Nacional que la vista no se celebrara más, un archivo completo.
La Sala en la que se juzga el Caso Púnica leonés decidió la suspensión solo temporal del juicio, en concreto hasta su reanudación el lunes 28 de noviembre.
El motivo esgrimido es “para que no pueda haber duda ninguna de garantizar el derecho a todas las partes” respecto a la idoneidad de “la documentación aportada por la Fiscalía, independientemente de que sea un conglomerado, un resumen o nueva organización de parte de las actuaciones”. Con su estudio detallado por parte de los abogados defensores, podrán comprobar que se garantizará “la práctica de la prueba que se ha propuesto”.
La presentación en la primera sesión de la vista por parte del Ministerio Fiscal, representado por Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez, de abundante documentación de la causa general de Púnica y de algunas de sus 12 piezas separadas, tales como correos electrónicos, grabaciones telefónicas o informes, habrá por tanto de ser ahora pormenorizadamente estudiada por todos los defensores, que hoy en cascada criticaron la profusión de esa documentación y el hecho de que no se pudiera estudiar con detalle.
Granados y Marjariza
El debate sobre esta cuestión provocó un momento tenso cuando la fiscal censuró a los abogados que en realidad “no se pongan las pilas”, negando sus argumentos y asegurando que han podido tener acceso “desde 2018” a toda la documentación de esta inmensa causa judicial.
El Ministerio insistió, al contrario que las defensas, que no se trata de nuevas pruebas sino de una reorganización de las mismas para facilitar su estudio y los posteriores testimonios de acusados y testigos. Entre ellos, aparecen ahora correos, audios policiales y otros documentos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Granados, o el conseguidor, David Marjaliza.
Con la decisión, los jueces en principio parecen conceder la razón a la Fiscalía pero buscan que se desinfle el argumento de “indefensión” de los abogados, por lo que pedían el archivo e incluso algunos como el abogado del expresidente de la Diputación y alcalde de Cuadros incluso una cuestión de incompetencia de la propia Audiencia Nacional para juzgar el caso.
La demora natural hasta el 28 de noviembre es sobre el calendario de 14 días pero en realidad sólo se paralizarán cuatro días hábiles establecidos, desde este lunes al jueves 17, en los que estaban previstas todas las testificales, porque la siguiente semana no se habían fijado sesiones por falta de salas disponibles en la Audiencia Nacional. O sea, que sólo se demorarán cuatro jornadas de juicio antes de que se retome.
Entre las pocas novedades más, destacó que se mantendrán como testigos propuestos por la defensa del exinterventor Jesús López tanto de Henar Bardón, secretaria de Presidencia en la institución, como Miguel Ángel del Egido, diputado provincial entonces, los cuales por error los magistrados habían anotado entre los que se rechazaban para testificar.
A lo que se enfrentan
El Caso Púnica sienta en el banquillo e los acusados, ocho años después de los hechos, a seis personas, tres de ellas muy conocidas en León, por su presunta trama corrupta de concesión de contratos para gestión de servicios públicos en la estación de esquí de San Isidro en León y pagos por mejorar la reputación en internet, a través de diarios zombis, del entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, como antes de su antecesora, de la que fue mano derecha; Isabel Carrasco, que había sido asesinada pocos meses antes. A Martínez se le pide la mayor pena, con ocho años de prisión por malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias, segun fija la Fiscalía.
Para Pedro Vicente Sánchez, exdiputado provincial y entonces coordinador de Presidencia, y entonces como hoy alcalde de Puebla de Lillo (donde se enmarca la estación invernal) la Fiscalía reclama siete años de cárcel solicitan las fiscales, así como para Jesús 'Suso' López, en aquella época interventor de la institución.
Para el presunto conseguidor Alejandro de Pedro piden cinco años y medio, como para el que fuera exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, además de tres años y medio para Guadalupe Carrascosa, trabajadora de la empresa que realizaba los trabajos de reputación online. Las empresas Madiva y Eico de De Pedro también figuran en la acusación.
