Asociaciones ecologistas advierten a la Junta que adoptarán medidas legales si emplea veneno contra los topillos
SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción, Secem, Grefa, Ascel, Anpa y Acenva insistieron hoy en que el uso de veneno es un método rechazado por la comunidad científica para controlar las poblaciones de topillo campesino. Las organizaciones confían en que finalmente no se repartan las 144 toneladas de cereal tratado con el plaguicida bromadiolona que “ha comprado”, según aseguran, la Junta de Castilla y León, que mañana celebrará una reunión del Comité Científico de Lucha contra las Plagas Agrícolas de Castilla y León. En caso de realizarse, estas ong “adoptarán las medidas legales necesarias para impedirlo”.
Los ecologistas afirman, a través de un comunicado de prensa, que la comunidad científica ha solicitado a través de un manifiesto “paralizar la distribución y aplicación del veneno bromadiolona, puesto que el principio activo presenta un gran riesgo para la fauna, y el cebo empleado (grano de cereal) amplifica los daños sobre especies a las que no va dirigido, entre las que se encuentran numerosas aves granívoras protegidas”.
Añade el manifiesto, siempre según los ecologistas, que las intoxicaciones secundarias de fauna salvaje que se producen con la aplicación masiva de este tipo de rodenticidas “están ampliamente documentadas en el mundo científico y que, en el caso de la bromadiolona, la mortalidad de los depredadores por consumo repetido de presas envenenadas se incrementa de forma exponencial”.
Los ecologistas exponen que el manifiesto está firmado por 144 representantes de la comunidad científica de instituciones como el CSIC, el IREC o diferentes universidades, y en el mismo se insiste en que para proteger las explotaciones agrícolas y minimizar daños sobre la fauna hay técnicas alternativas no químicas, como indican diversos estudios científicos de varios países. Algunas de estas medidas son la destrucción mecánica de madrigueras y túneles, la siega de la cubierta vegetal, favorecer la acción depredatoria de las aves rapaces o practicar la inundación temporal de los túneles en alfalfas.
Además, informan de que ONG conservacionistas y la Real Federación Española de Caza (RFEC) han enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Consejería de Agricultura de Castilla y León un informe que reúne toda la información científico-técnica disponible sobre las plagas de topillo campesino en esa comunidad autónoma y los efectos del veneno en su control. Este informe señala que “es necesario evitar el error de años anteriores y detener el tratamiento químico con veneno dado los altos daños ambientales y riesgos sanitarios de los rodenticidas”.
El informe señala que en la comunidad científica internacional ya es bien conocido el daño ambiental que causaron a la fauna de medios agrarios de Castilla y León las campañas de envenenamiento masivo con rodenticidas anticoagulantes para controlar la plaga de topillo campesino desarrolladas entre 2007 y 2008 y 2012.
Especies afectadas
En el informe destacan distintos indicadores de la gravedad del uso de veneno, entre ellos la “dramática disminución” de poblaciones como el milano real, rapaz en peligro de extinción y eficaz cazadora de topillos; y la disminución de zorros o la de liebres, “que no han recuperado sus poblaciones desde los primeros tratamientos en 2007, afectando al sector cinegético”. El caso de la liebre ya había ocurrido en países como Alemania a partir de tratamientos con bromadiolona , por lo que se ha prohibido su uso en este país. Además, indican que los tóxicos afectaron a otras muchas aves en Castilla y León, como la ganga ibérica, en franco peligro de extinción en la región.
Por otra parte, los autores del informe señalan que el método de muestreo que está utilizando la Junta de Castilla y León sobreestima la población de topillos entre 10 y 20 veces más. Lo único públicamente conocido sobre los métodos de monitorización de topillos usados es que uno de ellos ha sido recomendado por el Magrama y es del año 2009, después de su uso durante la plaga de 2007. En este sentido, exponen que “se ha comprobado” que este índice puede sobrestimar entre 10 y 20 veces más la densidad real, evaluada mediante los procedimientos científicos más aceptados, lo que podría ser un factor que permita explicar por qué se está tendiendo a aplicar tratamientos en momentos en que “ya no es necesario, como ha sido el final de los inviernos de 1997-1998, 2007-2008 o 2011-2012 )”.
En el informe, dirigido a las administraciones estatal y autonómica se aportan soluciones alternativas, muchas de ellas señaladas anteriormente y se exige el cumplimiento de la normativa estatal sobre uso sostenible de fitosanitarios (Real Decreto 1311/2012 y Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios) y control de plagas de topillos (Real Decreto 409/2008).
