Así quiere la Junta solucionar el problema de la vivienda

Alquiler León cartel

Ical

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica el decreto ley que reduce en torno a un 20 por ciento el precio de las futuras viviendas públicas en venta o alquiler o las que no estén adjudicadas en estos momentos del parque de 12.471 que existen en la Comunidad. Esta medida forma parte de un paquete que tiene como objetivo dar una respuesta urgente a las situaciones de “especial dificultad” provocadas por la crisis.

El Consejo de Gobierno del pasado 31 de julio aprobó este decreto-ley y otro que también aparece publicado hoy para regular el programa de fomento del alquiler, con el objetivo de movilizar el parque de viviendas de promoción pública, resolver el 'stock' de las VPO privadas, fomentar el alquiler y flexibilizar el régimen de las viviendas de protección pública para adaptarlo al nuevo contexto económico y social. Se trata, según señaló el consejero de Fomento, de dar respuesta a “los colectivos más castigados” a través de “medidas concretas y aplicables inmediatamente”, que, además, “dan una respuesta activa y global a las personas con dificultad”.

Este conjunto de medidas incide sobre cinco ejes con los que hacer frente a los problemas sociales vinculados con la vivienda. Por un lado, la nueva estrategia, que anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el último debate sobre política general, ampliará los colectivos de especial protección, incluyendo a las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.

Uno de los grandes objetivos del plan es la movilización de las viviendas de titularidad pública. La Junta facilitará el pago de las cuotas de compra o alquiler de sus VPO para evitar desahucios, facilitando moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta, rebajas de hasta el 50 por ciento en las mensualidades y la renegociación de la deuda contraída con la administración autonómica. También, prevé facilitar el acceso a la propiedad con descuentos del 30 por ciento por amortización anticipada y del 40, si se adquiere una vivienda en arrendamiento.

También, Fomento aplicará en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler para que puedan acceder a ellas colectivos más amplios, si bien esto afectará a las próximas viviendas en adjudicar y no a las 12.471 viviendas públicas existentes, de las cuales 11.332 corresponden a venta y 1.139 a alquiler, mientras que 100 permanecen desocupadas para situaciones de emergencia.

Además, la Junta establecerá la obligación de que la Junta y los ayuntamientos reserven un número de viviendas para atender situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios sociales.

A esta medida, se une la creación de un parque público de viviendas en alquiler con la reserva de un 30 por ciento de las viviendas desocupadas y de los terrenos de uso residencial. Será gestionado por la Junta y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Alquiler

Por otra parte, hoy también sale publicado en el Bocyl el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que tenía previsto poner en marcha en los próximos meses y que suponía la fusión de la Bolsa de Alquiler para Jóvenes y el Revival (Reserva de Vivencias Vacías para el Alquiler). Se caracterizará por ofrecer un “sencillo” procedimiento de intermediación, así como seguridad con la suscripción de seguros que cubran impagos o desperfectos. Además, establece un límite en la renta a pagar, que será del 80 por ciento del precio de alquiler de una VPO.

En cuanto a las viviendas de protección y titularidad privada, el Gobierno autonómico ha regulado la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, sin necesidad de autorización administrativa previa, y no reclamará la devolución de las ayudas de la Junta en caso de subasta, dación en pago, desahucio o reestructuración de la deuda. También, aplicará un descuento del 20 por ciento en los precios fijados de venta y alquiler.

Para solucionar el 'stock' de viviendas protegidas de titularidad privada, la Junta flexibilizará los requisitos de adquirientes y arrendatarios, así como como las exigencias fijadas para los jóvenes y las viviendas de precio limitado para familias. También, se podrá adquirir una VPO, aunque no se cumplan los requisitos, si se asume el compromiso de alquilarla al menos cinco años, así como de arrendarla a personas que no cumplan lo establecido en la ley en caso de movilidad laboral.

Ademas, el Ejecutivo adelanta la opción de compra antes de que trascurra el pazo de diez años de calificación, que también se ha rebajado.

Nuevo régimen de VPO

El Ejecutivo adaptará el régimen legal de las viviendas de protección al contexto económico y social con una regulación más detallada de los tipos de VPO. Así, se distinguirá entre las de carácter general y las destinadas a situaciones especiales (jóvenes, de precio limitado para familias y medio rural). También, la promoción pública se concentrará en la atención a sectores sociales desfavorecidos con ingresos de hasta 3,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Además, se estimulará la promoción privada con una reducción de la duración de la protección a 15 años y del plazo mínimo para solicitar la descalificación será de diez años.

Otra de las novedades es que para acceder a una vivienda de protección privada los ingresos no podrán superar 6,5 veces el Iprem y se abre la puerta a que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias cuando en estas casas se desarrollen actividades de interés público o social o sirvan para realojos.

Finalmente, sólo se realizará una única calificación cuando se otorgue la licencia de primera ocupación y se dan mayores garantías a los adquirientes, ya que si se deniega la calificación por causa imputable al promotor se podrá resolver el contrato o solicitar la revisión del expediente, con el compromiso de terminar las obras o subsanar las deficiencias.

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