Asaja alaba las ayudas por los incendios del Gobierno frente a las de la Junta, sobre las que critica su menor cuantía
La organización agraria Asaja ha compartido su satisfacción con las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinadas a agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales ocurridos el pasado verano. En concreto, se muestra satisfecha “tanto por los importes como por el procedimiento empleado” de las subvenciones procedentes del Gobierno de España, a la vez que critican la menor cuantía y los retrasos de la otra línea de ayudas de la Junta de Castilla y León.
La resolución definitiva de la subvención del Gobierno se publicó el pasado jueves 20 de noviembre y el pago está anunciado para la próxima semana. Según informa la organización agraria, los pagos van desde el mínimo de 1.500 euros hasta 16.000 euros, con un mayor apoyo a los afectados que tenían suscrito el seguro agrario o ganadero. Como punto negativo, Asaja reprocha la decisión del Gobierno de no diferenciar al “agricultor y ganadero profesional”.
Asaja valora que la ayuda del Gobierno, canalizada a través del ministerio de Agricultura, “beneficia a más agricultores y ganaderos, y por más importe económico, que la que previamente había convocado -y que con carácter general ya ha resuelto y pagado- la Junta de Castilla y León a través de la consejería de Agricultura y Ganadería”.
La organización agraria recuerda que León fue la provincia más afectada de toda España por los incendios forestales del verano y considera que “los recursos de reposición que se van a presentar a la Resolución publicada ayer por el ministerio de Agricultura, van a ser mínimos”. Sin embargo, Asaja critica que ante las ayudas de la Junta “se han presentado varias decenas de recursos de reposición tan solo en León” y prevé que se sigan presentando y que posiblemente tarden años en resolverse ya que, según critica la organización “parece que no hay voluntad de hacerlo, y por lo tanto en pagarse”.
Ante esta situación, Asaja anuncia que recurrirá ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en defensa de sus asociados, las resoluciones denegatorias del Gobierno autonómico, o en su caso ante el silencio administrativo.
