Dos años de batalla para que la Junta cumpla con sus propias normas tras un caso de acoso escolar en León

Han tenido que pasar dos largos años, más de 730 días de constante 'batalla' administrativa y legal, para que un caso de acoso escolar sufrido por el alumno de un instituto de la provincia de León en 2019 se pueda dar, por fin, por zanjado. Mejor dicho, por casi zanjado.

Por medio ha pasado una pandemia sanitaria, todo tipo de restricciones educativas, idas y venidas de peticiones de información oficial a la Junta de Castilla y León, y una especie de pesadilla legal para que la Consejería de Educación cumpla a rajatabla con el protocolo y la normativa que en materia de acoso se ha dado a sí misma la administración autonómica de la Comunidad.

Tres sanciones

Vaya por delante que a día de hoy está resuelto el acoso a que era sometido un alumno que cuando empezó todo contaba con 12 años de edad por parte de tres compañeros de su misma clase en un instituto del alfoz de León capital. Los tres sufrieron un expediente sancionador, ya cumplido hace tiempo, y todo indica que la convivencia se ha retomado con normalidad sin que el niño acosado haya tenido que abandonar su centro.

Pero esa normalidad no ha ido pareja a las irregularidades de tipo normativo y legal de la Junta, denuncia el padre del alumno, “harto” de tanto incumplimiento. Armado de una “gran paciencia”, un obligado conocimiento de la letra pequeña de los protocolos y aún así el apoyo constante de una abogada, sólo dos años después ha conseguido que Educación le entregue toda la documentación tramitada sobre el caso, obligatoria.

Balones fuera

De hecho, las últimas copias de informes y actas las ha recibido en cuanto ILEÓN ha pedido explicaciones formales a través de la Delegación Territorial de la Junta en León. “Ha sido una locura, constantemente se contradecían, se echaban la culpa unos a otros, la antigua directora -que no la nueva- a Inspección, Inspección al instituto, y así todo”, censura el padre del niño afectado.

El conflicto sufrido por el chico desde comienzos del curso 2019-2020 incluyó amenazas, insultos, vejaciones y hostigamiento que, según denunciaron después sus padres al comprobar cierta documentación no facilitada en un primer momento, había sucedido casi desde principios de curso sin que se notificara de manera formal.

Hasta entonces, todo parecía ir normal. Pero su hijo “comenzó a pedir que le fuéramos a buscar, decía que le dolía el estómago, la cabeza, pero no tenía nada”. Y tuvo que ser pasado mediados de febrero de 2020 cuando la jefa de estudios les admitió, “cinco meses después”, que efectivamente el niño sufría acoso escolar por parte de varios compañeros, algo que “los docentes ya sabían mucho antes”. Por ello, ya requirió de asistencia psicológica. Un test de clima escolar, llamado socioescuela, ya había detectado un primer indicio de rechazo y algo más. Pero la familia no fue informada.

Ya desde ese momento, agravado por el parón por el confinamiento que provocó el coronavirus pocas semanas después, desde mediados de marzo y que acabó impidiendo retomar ese curso, el padre de la víctima comprobó que a pesar de admitirse la situación de acoso, la dirección del centro “ni levantaba actas de nada, nada por escrito, ni con la jefa de estudios ni con la directora”. Tampoco se constituyó la Comisión de Acoso Escolar, la comunicación inmediata a Inspección ni la aplicación del obligatorio Protocolo aprobado en la Orden EDU/1071/2017.

“Mucha dejadez, total opacidad”

Como única respuesta, la apertura de expedientes para 'castigar' a los tres compañeros acosadores, los cuales impusieron sanciones que éstos cumplieron. “Pero eso no es suficiente”, reclama desde entonces el padre, que guarda decenas de correos electrónicos y conversaciones que demuestran por un lado “mucha dejadez”, por otro “total opacidad” y hasta versiones contradictorias.

Por ejemplo, que el todavía entonces inspector de Educación y poco después elevado a director provincial, Francisco Javier Álvarez Peón, para capear la complejidad del primer curso covid, llegara a defender en un informe de agosto de 2020 que en el caso de este alumno se había aplicado “el protocolo propio” del centro en el que estudiaba, cuando en realidad en otro informe posterior de julio de 2021 se desdice, admitiendo ahora que ese protocolo es el genérico que marca la orden que regula los casos de acoso aprobada en 2017.

Aunque la convivencia del pequeño ya estaba resuelta, cumplidas las sanciones a los acosadores y la normalidad volvió a reinar, el padre del alumno no descansó, tratando de ejercer su derecho a conocer hasta el último detalle de un expediente que se le negaba casi por completo. A finales del siguiente curso, en julio de 2021, Educación de la Junta cerró el grifo.

El apoyo del Procurador del Común

Para entonces, desde Inspección “me insistían en que me olvidara del tema, que era una cosa del año pasado y que ellos cuando empezaban un curso lo de atrás quedaba aparcado y olvidado”, rememora con rabia el padre. Al final, tuvo que intervenir ante el Procurador del Común, el 'defensor del pueblo' de Castilla y León, siempre muy involucrado en este tipo de casos de todo tipo de violencia escolar.

El apoyo del Común, que se dirigió también a la Consejería instándola a cumplir a rajatabla, junto a la incansable insistencia del padre, y en última instancia una petición de información de ILEÓN sobre este caso previa a la publicación, acaban de precipitar por fin, dos años después, la práctica resolución del caso. Entre otros con informes que, efectivamente, certifican que no constaron por escrito comunicaciones del caso con la Inspección educativa y que gran parte de los trámites, aunque no todos, se solventaron de manera telefónica.

La travesía ha sido larga. “Pero merece la pena”, concluye este padre. Porque “es importante impedir que algún alumno sea acosado, que los violentos estén a raya pero también que las autoridades hagan las cosas bien, que cumplan lo que está aprobado, que los profesores, las direcciones, la Inspección, las autoridades de la Junta no se crucen de brazos”.