El alcalde de Valladolid asegura que siempre quiso cumplir la sentencia que obligaba a restituir la legalidad en su edificio
A menos de un mes de las elecciones, en las que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, aspira a la reelección en el que sería su sexto mandato, el regidor vallisoletano se ha sentado este lunes en el banquillo acusado de un presunto delito de desobediencia por unas obras realizadas en el edificio en el que él mismo reside en el centro de Valladolid.
En la vista, que se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número dos de Valladolid, el alcalde ha insistido en que desde el primer momento pidió que se cumpliera “con la mayor brevedad” la sentencia dictada por la Sala de Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relativa al edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla donde reside.
Estas obras fueron declaradas ilegales en 2008 por el TSJCyL y consistieron en la transformación de unos trasteros en áticos. El tribunal ordenó entonces que el inmueble debía regresar a su estado original, pero esta rehabilitación no se llevó a cabo hasta el año pasado a pesar de los varios requerimientos.
El regidor, que ha declarado durante hora y veinte minutos a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, ha asegurado que todas las decisiones tomadas en este asunto las hizo en función de las indicaciones de los técnicos municipales y ha reiterado que nunca tuvo interés en demorar el cumplimiento de esta sentencia. Además, ha recordado que la sentencia, aunque tarde, “se cumplió”.
También ha insistido en que los escritos remitidos desde el Ayuntamiento a la Sala de lo Contencioso se realizaron directamente desde la asesoría jurídica municipal y que él nunca intervino en la toma de decisiones técnicas ni en la elección del arquitecto que elaboró el proyecto para devolver la legalidad a las obra del edificio de la plaza Zorrilla.
El primer edil, que en su alegato final se ha preguntado qué beneficio pudo obtener con el retraso del cumplimiento de la sentencia, ha afirmado que “nadie puede demostrar” que él pusiera trabas para que el cumplimiento de la sentencia se dilatara. Además, a preguntas del abogado de la acusación particular aseguró que si había alguien interesado en que las obras concluyeran era él como vecino, ya que además de las molestias de los ruidos en alguna ocasión vio como se inundó el salón de su casa. “Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió a plena satisfacción de la Sala”, ha aseverado, a la vez que ha reconocido que “en absoluto” le parecía normal que se hubiera tardado cinco años en restituir la legalidad del edificio.
León de la Riva también se ha referido a las muchas dificultades que encontraron los técnicos para cumplir la sentencia, opinión que fue avalada por dos de los testigos. Así, tanto una arquitecta municipal como un perito encargado por la propia Sala Segunda del Contencioso-Administrativo, coincidieron en señalar que la información sobre el edificio, construido en 1946 era muy deficiente. Además, para ambos no estaba muy claro qué es lo que la sentencia quería proteger de un edificio que en 1992 pasó a tener protección especial.
Así, el propio perito del TSJ relató que había planos que no reflejaban la realidad del edificio e incluso elementos que no aparecían, por lo que tuvieron que llevar a cabo una “labor detectivesca” acudiendo al archivo municipal para conocer con más precisión como era realmente el edificio en 1946.
Visto para sentencia
Durante el juicio, que hoy quedó visto para sentencia, la Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones y solicita un año y tres meses de inhabilitación para el cargo de alcalde u otros análogos, una multa de 3.600 euros y el pago de las costas, al tipificar los hechos como un delito de desobediencia, del artículo 410.1 del Código Penal. Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, personada como acusación particular, mantiene que León de la Riva cometió un delito continuado de desobediencia, por lo que pide inhabilitación por dos años y el pago de una multa de 63.000 euros.
Para la Fiscalía, durante el juicio quedó demostrado que la voluntad del alcalde era contraria a la de cumplir la sentencia, “por tener una vivienda de su propiedad en el edificio”, y se refirió al auto de la Audiencia Provincial que calificó los hechos como “retórica al servicio del incumplimiento”. En su argumentación, el Ministerio Público defendió que el regidor, a pesar de conocer la sentencia y de los numerosos requerimientos realizados desde la Sala de lo Contencioso, ni siquiera anuló la licencia de primera ocupación de las viviendas, y aunque reconoció que hubo problemas técnicos, cuando el Ayuntamiento se “tomó en serio” la ejecución de la sentencia las obras duraron unos meses.
Por su parte, el abogado de la acusación particular destacó que hicieron falta cinco años, seis requerimientos al Ayuntamiento, cuatro al alcalde y una denuncia del fiscal para que se cumpliera la sentencia. Así, aseguró que es un caso claro de “pasividad reiterada” y “una tomadura de pelo”.
Mientras tanto, el abogado defensor aseguró que el rigor en el cumplimiento de la sentencia fue lo que provocó su lentitud y acusó al fiscal de “querer convertir en una obligación personal del alcalde algo que no lo es”.
Además, también insistió en que se pretende magnificar “algo que no tiene sentido” y que se inició a raíz de una denuncia de la asociación cultural Ciudad Sostenible que acabó siendo recogida y presentada por un fiscal en Madrid.
De ser condenado, el alcalde de Valladolid podría ser inhabilitado de manera automática como cargo público, lo que le obligaría a renunciar a su intención de presentarse de nuevo a la Alcaldía de Valladolid.