Abren la consulta pública del nuevo plan de restauración de cielos abiertos
El Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha abierto hoy, 14 de diciembre, el proceso de consulta pública previa sobre el Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o abandonadas en el que se anunció el viernes pasado que se invertirían 150 millones de euros.
Las aportaciones y observaciones al documento (que puede consultarse pinchando aquí) durante su periodo de consulta pública previa podrán remitirse hasta el 15 de enero de 2021 a la dirección restauracion@transicionjusta.gob.es, indicándose en el asunto la referencia “Consulta restauración ambiental zonas afectadas cierres carbón”.
Según informa de ello el Gabinete de Comunicación del Miteco, “este conjunto de actuaciones ha sido incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financiará con el Instrumento Europeo de Recuperación con 150 millones de euros, lo que permitirá dotar de mayor flexibilidad al proceso de restauración, en el que se priorizará la contratación de los trabajadores excedentes de la minería, personas en situación de baja incentivada con edad y capacidad para reincorporarse al mercado laboral que desempeñaban su labor en las centrales de carbón”.
“El Plan de restauración minera está plenamente alineado con los objetivos del Plan de Recuperación europeo, que requiere de proyectos orientados hacia un cambio del modelo productivo que impulse la reactivación de la economía tras la pandemia y que estimule transformaciones que permitan un nuevo modelo económico y social que nos prepare para los desafíos futuros”, aseguran desde el miteco.
Ayudas directas a las autonomías
A través de esta consulta pública previa, el Instituto para la Transición Justa quiere conocer la opinión de la ciudadanía, así como reunir iniciativas y buenas prácticas para valorarlas de cara a la elaboración de la normativa en la que trabaja actualmente para la concesión de ayudas directas a las comunidades autónomas que tengan en su territorio zonas degradadas o espacios afectados por la actividad minera.
La concesión directa de las ayudas está motivada por el carácter e interés público de los proyectos de restauración para estas zonas y por el destino de estas ayudas, dirigidas a las comunidades autónomas con explotaciones en situación concursal o de liquidación, así como por el interés público, económico y eminentemente social derivado de la necesidad de recuperar espacios públicos degradados y de potenciar la reorientación económica de las zonas en transición energética desde una política de desarrollo económico alternativo que no es posible cuando estos entornos están contaminados o degradados.
Empleo, seguridad y Medio Ambiente
Los cierres de minas de carbón que se produjeron en el año 2018 han dejado numerosos activos ambientales sin restaurar debido a que las empresas propietarias estaban, en ese momento, en concurso de acreedores o en liquidación. En León podría hablarse de la Gran Corta de Fabero o las destrozas de la Hullera Vasco Leonesa en la Montaña Central.
“Esta situación ha provocado que los trabajadores excedentes de la minería no hayan podido incorporarse a esas tareas de restauración, actividad llamada a mitigar en el corto plazo el impacto de los cierres sobre el empleo. La restauración de minas en cierre tiene como objetivo mantener la seguridad de las explotaciones abandonadas, garantizar que la inactividad no tenga efectos añadidos sobre el medio ambiente y recuperar el paisaje en el caso de las explotaciones a cielo abierto”, apunta el ministerio.
Tomando como referencia el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, el Instituto para la Transición Justa trabaja en la identificación preliminar de los proyectos a realizar, que deberán priorizar la contratación de los trabajadores excedentes mineros. “La situación económica de muchas empresas, las dificultades y disparidad de criterios en la gestión concursal y la propia instrumentalización del programa establecido por el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, que además requería la cofinanciación de las comunidades autónomas, ha retrasado la puesta en marcha de estas actuaciones que se consideran esenciales. El ITJ evalúa los instrumentos disponibles para agilizar y dotar de mayor efectividad la gestión de estos programas”, termina el comunicado del Miteco.
